Desde la asunción del actual Gobierno nacional, en diciembre de 2015, fueron muchos los intentos por hacer que los movimientos sociales y las organizaciones sindicales abandonen la idea de realizar grandes manifestaciones, con piquetes incluidos, cada vez que realizan un reclamo a las autoridades nacionales.

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Si bien este tipo de acciones no son exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, ya que también se dan en otras capitales de importancia como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la ciudad de La Plata, es en la capital del país donde más repercusiones alcanzan y perjudican a una mayor cantidad de personas, que suelen ver coartada su posibilidad de moverse libremente.


Ante cada medida implementada desde el sector oficial, las organizaciones piqueteras se las arreglaron para evitar la represión o cualquier otra práctica que los pudiera afectar en sus objetivos. Y así fue como, curiosamente, se sobrepusieron a acciones que en un principio las autoridades del área de seguridad de la Nación dijeron que no iban a tolerar y que serían implacables. Entre las medidas más contundentes que se recuerda está la del protocolo para manifestaciones públicas, con el que se apuntó directamente a los piquetes en la vía pública. También tenía por objetivo ordenar las protestas a fin de que la ciudad no se convirtiera en un caos, cada vez que sectores antagónicos al gobierno deciden hacer un reclamo. También está el pedido que el presidente Macri le hizo al Jefe del Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que implemente un plan que limite las protestas. Luego fue ideado un nuevo programa, mucho más concreto que "el protocolo anti piquetes" ya que preveía acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y las que pertenecen al Ministerio de Seguridad de la Nación, que se encargarían de controlar las rutas nacionales.


Es un hecho que ninguna de estas medidas ha tenido el efecto deseado, ya que hasta la actualidad las organizaciones piqueteras realizan sus manifestaciones con total impunidad y provocando desorden, en las principales metrópolis del país, incluyendo San Juan con el avance concretado en la Iglesia Catedral.


La "mano dura" que se anunció en un principio, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, ha dado lugar a una actitud mucho más "blanda" que hace que los piqueteros sigan siendo los "dueños" de la ciudad, cortando sus calles, invadiendo plazas y espacios verdes y obstaculizando el libre tránsito de ciudadanos y turistas.