Frente a cualquier crisis se deben activar los paliativos para morigerar sus impactos negativos como en toda situación de emergencia. El colapso económico argentino requiere medidas extraordinarias para atender la caída del aparato productivo y una es fundamental para aliviar el peso de la carga tributaria contenida en la reforma fiscal.

El sector de la pequeña y mediana empresa (pyme), es el más perjudicado y más de las economías regionales, asfixiado por impuestos y contribuciones que le impiden la competitividad para ganar mercados y adecuar la oferta exportadora. Poner fin a los embargos de la AFIP y volver al anterior sistema de pagos de aportes y contribuciones patronales con alícuotas diferenciales para cada región del país, es un reclamo de la Unión Industrial Argentina para atenuar los efectos de la política tributaria.

El planteo de la entidad empresaria escapa a la órbita del administrador Federal de Ingresos Públicos porque cualquier variante que afecte a la recaudación para alcanzar las metas comprometidas con el FMI debe partir del Ministerio de Hacienda, responsable de cumplir con las pautas del equilibrio fiscal para este año. Sin embargo, en esta coyuntura se impone la sanción de una nueva ley pyme debido a que varios beneficios para este sector caducaron el año pasado, como el descuento del 10% del Impuesto a las Ganancias para nuevas inversiones. La prórroga de la norma debe interesar al Congreso más allá de que el Poder Ejecutivo acceda a rever este punto vinculado a la competitividad del sector más dinámico en productividad y generación de empleo.

Por otra parte las autoridades de Hacienda dispusieron aumentar la tasa de estadística para las importaciones del 0,5% al 2,5% lo que frena las inversiones que requieren equipamiento e insumos que no se fabrican en el país, e incluso afectan a firmas establecidas, dedicadas a la industria electrónica de consumo masivo. Cualquier proyecto que apunte a los mercados externos también se frena ante la incidencia de los gravámenes y costos internos del país, de los más altos del mundo.

Es tan distorsivo el efecto recaudatorio en la economía que las automotrices nacionales sólo pueden exportar unidades rodantes a Brasil por el sistema de un régimen especial. Pero les resulta imposible llegar competitivamente a otros mercados porque fabricar un auto en Argentina es 25% más caro que en Brasil y 65% más que en México por impuestos que en esos países no existen o se los compensa con alicientes fiscales. Nosotros también pretendemos exportar impuestos.