Con el fin de ordenar el tránsito vehicular en la provincia se implementará este año en el Gran San Juan un sistema de videomultas para sancionar a los infractores, aprovechando la cobertura de las cámaras de seguridad que monitorea la Policía.


La medida, instrumentada en un proyecto de ley que el Gobierno enviará a la Legislatura, se limitará por ahora a los automovilistas que estacionen en doble fila u obstruyan la circulación en las zonas más congestionadas. En una segunda etapa se castigará la violación de los semáforos con la incorporación de lectores de las patentes, de acuerdo a lo informado por el ministro de Gobierno.


El municipio de Rawson ya se adelantó a la captura de infractores que cruzan semáforos en rojo, abriendo el negocio a una firma de Córdoba a modo de concesión. Las multas comienzan en 4.800 pesos si el conductor no registra antecedentes, de lo contrario pueden llegar a los 12.000 pesos, montos que se reparten casi por mitad entre la empresa y el municipio.


En ambos casos se han alterado el orden de las medidas para disciplinar a los conductores. Antes que el castigo se debería instalar un sistema de semaforización moderno y sincronizado que garantice la "onda verde''; reubicar las paradas de colectivos para que no sean un obstáculo para el tránsito, por ejemplo Mitre y Mendoza, totalmente irracional por el giro de la circulación y sacar los camiones de las calles céntricas, empezando por los municipales.


Tránsito y los municipios deberían dar cuenta primero de sus campañas de prevención, señalización y de obras que garanticen la agilidad de marcha, eliminando obstáculos surgidos de la inventiva comunal: lomadas, pianitos, reductores con semáforos y otras aberraciones sin sustento técnico. Además, conocer la estadística punitiva de conductores que circulan hablando por celular, los estacionamientos en ochavas y rampas para discapacitados, cómo actúan ante los vidrios polarizados, prohibidos por la Ley Nacional de Tránsito y si controlan la Revisación Técnica Obligatoria, ya que se observan vehículos en condiciones deplorables.


Los legisladores deben sumar más interrogantes, planteando un debate serio, sin mayoría decisoria que vote a libro cerrado lo que aparenta ser un nuevo mecanismo tributario.