El mercado de aves es el tercer negocio ilegal a nivel global y según un informe de las Naciones Unidas e Interpol se trata de una actividad que anualmente mueve alrededor de 23.000 millones de dólares en todo el mundo. Nuestro país y la provincia de San Juan no son la excepción, ya que periódicamente son interceptados cazadores de aves que forman parte de un circuito que integran también traficantes que luego las comercializan en centros urbanos, ofreciéndolas como mascotas. Todo esto dentro de un marco de ilegalidad que cada vez se hace más necesario desbaratar para evitar la depredación de nuestra fauna autóctona y la desaparición de especies que ya están en peligro de extinción, como sucede con el cardenal amarillo o el benteveo.

Tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a nivel nacional, como la Secretaría de Medio Ambiente, de la provincia, están al tanto de esta devastación que afecta a distintos ecosistemas. Si bien se cuenta con la legislación necesaria para actuar en cada caso (leyes Nº22421 y Nº941, respectivamente) la tarea de control y fiscalización no siempre es satisfactoria y en ocasiones se observa que no está a la altura de las circunstancias, con operativos que no son contundentes a la hora de informar quienes son los autores del ilícito y que pena les corresponde.

La caza de aves como de otros animales autóctonos está expresamente prohibida, por lo que debe ser considerada como un ilícito merecedor de una dura sanción. Pero la flexibilidad en la aplicación de penas, ya que hay casos que se consideran solamente como una contravención, hacen que la tarea de control y sanción no resulte demasiado convincente.

En nuestra provincia el personal de flora y fauna asignado a la tarea de detección, control y sanción de cazadores furtivos cuenta con todos los elementos necesarios para recorrer la provincia. Es verdad que el número de ellos puede ser limitado y no alcanza a cubrir todas las necesidades, pero quienes están actualmente asignados a la tarea deberían dar cuenta de su labor de una forma más contundente, considerando que las personas que ellos interceptan no están cumpliendo con la ley y están cometiendo un ilícito.

La Argentina ha ratificado no hace mucho tiempo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, para que en cada caso de tráfico ilegal los ejemplares sean incautados y luego reinsertados en sus ambientes naturales o sumarlos a planes de conservación. Una labor que los organismos oficiales correspondientes deben realizarla con mayor convencimiento.