Es por todos conocido que el sector agropecuario argentino es un partícipe clave en la economía nacional. Lo es por su importancia intrínseca, produce alimentos, y lo es también por su dinamismo y competitividad, conforme a elevados estándares internacionales. Su capacidad productiva genera 7 de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina por exportaciones, lo que es vital para el sostenimiento del Estado y la configuración del gasto oficial.

Es una realidad de que por factores derivados de la coyuntura nacional e internacional, la necesidad del Estado Nacional de dólares es constante y cada vez más apremiante. A pesar de que transitamos un período de liquidaciones de divisas por parte del campo, las exhortaciones públicas por parte del Gobierno Nacional para que productores agrícolas conviertan sus cosechas en dólares, han sido acompañadas de una vehemencia inusual. Lo llamativo es que esto no se ha producido en forma de pedido o sugerencia institucional, sino de manera pública y bajo un tono de reclamo, y en más de una ocasión como si fuera una obligación impostergable.

Sin duda que las circunstancias son de por sí elocuentes, más dólares facilitarían compras externas que el país necesita realizar inevitablemente, como lo son la energía y bienes e insumos para la producción. Pero esta discusión, en realidad no tiene en su raíz en los dólares o productos agropecuarios. Esta controversia, en torno a la cual van girando cada vez más actores y situaciones, es sobre la propiedad privada. Ya se trate de cualquier moneda, cosecha, bien mueble o inmueble, la Constitución argentina deja establecido, sin dejar lugar a dudas, que la propiedad es inviolable y que todo ciudadano tiene derecho de usar y disponer de su propiedad (Arts. 14 y 17). Y tal vez los énfasis y las urgencias no dejan ver claramente que lo que se está discutiendo hoy en la Argentina es justamente el Derecho de Propiedad, un principio que es fundamento de la interacción social y a su vez motor de la economía, con el que no deben quedar dudas de ningún tipo para asegurar que nuestro país sigue siendo una república en pleno derecho. Es más, de acuerdo con la Constitución, es precisamente el Estado quien debe garantizar la Propiedad Privada.

Siempre una necesidad, una urgencia, abre un espacio para su consideración, pero cuando la solución promovida pone en jaque uno de los pilares de la sociedad, cabe una seria reconsideración que aleje de toda discusión una alternativa que estaría totalmente en contra de los principios constitucionales.