Todo comenzó después de las PASO cuando los gremios opositores anunciaron una infundada marcha para protestar por la política económica del Gobierno nacional. Entonces, el presidente Mauricio Macri echó a dos funcionarios del Ministerio de Trabajo ligados con los gremio, el viceministro Ezequiel Sabor y el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino. Pero no se quedó sólo con eso, en su intento por amedrentar al sector sindical procedió con la quita del manejo de la caja de las obras sociales, con la idea de que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales que los gremialistas deben presentar, hasta ahora en sobre cerrado, a la Superintendencia de Salud.

Mientras que para algunos es una medida con tono electoral, hay que reconocer que con ella se pone en pie de igualdad a los funcionarios con los sindicalistas, a la hora de declarar sus bienes. Hasta ahora los dirigentes gremiales se estuvieron ajustando a lo que establece la Ley de obras sociales (23.660 /93) en cuanto se prevé que los directores y administradores tienen la obligación de detallar los bienes que poseen en un sobre cerrado ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Lo que el Gobierno busca es que esas declaraciones tomen estado público dejando expuestos, de este modo, a los jefes sindicales, una medida que además de ser equitativa contribuye a evitar que se fomente la corrupción en determinadas áreas en las que se maneja mucho dinero.

Los fondos para las obras sociales de los sindicatos ascienden a unos 7.000 millones de pesos anuales, de ahí la importancia de que el Ejecutivo haya concretado una avanzada que apunta directamente a esos recursos y a los encargados de administrarlos.

Para concretar el objetivo final de difundir las declaraciones juradas hay un impedimento que se debería sortear y que corresponde al marco legal en vigencia de la Ley de obras sociales, que establece que esos datos no son públicos. Aunque se podría aplicar lo dispuesto por la Ley 27.275 de acceso a la información pública, sancionada el año pasado, que busca proporcionar mayor transparencia en el Estado al obligar a los tres poderes, partidos políticos, empresas y gremios, que reciben aportes públicos, a responder los pedidos de información de cualquier ciudadano. En este caso la difusión de las declaraciones patrimoniales se ajustaría a ese propósito.