Desde el martes último rigen los alcances del decreto 263/18 que establece la norma para los retiros voluntarios en diferentes organismos de la Administración Pública Nacional, entes descentralizados, empresas estatales y compañías mixtas con capital estatal mayoritario. No están incluidas las áreas de seguridad, educación, salud, servicio exterior, servicios especiales y personal militar y de seguridad entre las once excepciones establecidas.

La opción de abandonar la carrera administrativa y profesional en los sectores comprendidos, es parte del Plan de Modernización del Estado anunciado oportunamente por el presidente Mauricio Macri y tiende a desburocratizar y dinamizar la Administración nacional, aunque lleva implícito el propósito de reducir la onerosa planta de personal que el Gobierno considera sobredimensionada.

Las tres categorías del plan incluye a quienes tengan 65 años o más de edad y no le alcanzan sus aportes para jubilarse, en tanto las otras dos apuntan a empleados con mucha antigüedad y en todos los casos recibirán montos no remunerativos en cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Achicar la funcionalidad del Estado es positivo desde el punto de vista económico, pero surgen dudas ante el vacío que dejan los que se van. Quien se acoge a un retiro voluntario seguramente tiene oportunidad de encontrar una mejor alternativa laboral en la actividad privada gracias a su experiencia y profesionalismo. Incluso habrá jerárquicos que perdería el propio Estado lo que es contradictorio si se buscar eficiencia en las reparticiones.

Por otra parte nada se dice de los contratos que no ayudan a la desburocratización estatal ni tampoco a contener el gasto público, ya que en general son compromisos políticos que se suceden en todos los gobiernos, con el agravante de que antes de terminar un mandato pasan a la planta permanente, como ocurrió con la pesada herencia dejada por el kirchnerismo.

De todas maneras es de esperar que el retiro voluntario también sea una medida a la que adhieran los otros poderes del Estado, siempre con el propósito de ganar operatividad eliminando dependencias ociosas e improductivas. La Biblioteca del Congreso es una muestra vergonzosa de sobredimensión de personal, junto con la cantidad de asesores y colaboradores que rodean a cada legislador, 30 en promedio.