23 de marzo de 2026 - 12:55

Ley Cazzu: de qué se trata la iniciativa que surgió tras el conflicto con Nodal

La iniciativa, impulsada en México, pone el foco en los permisos de viaje de menores y reabre el debate sobre el rol de los progenitores, la responsabilidad parental y los límites del sistema legal en estos casos.

La separación entre Cazzu y Christian Nodal, ambos cantantes y padres de una niña nacida en septiembre de 2023, desencadenó un conflicto legal. Luego de la ruptura y tras oficializar una nueva pareja, Nodal negó el permiso para que Cazzu pudiera viajar al exterior con su hija Inti. Esta situación motivó el surgimiento del llamado “proyecto de ley Cazzu”, planteado a través de la plataforma change.org y presentado más tarde al Congreso en México.

El pedido solicita que en casos de crianza y responsabilidad unilateral, resulte suficiente el consentimiento de uno de los padres para que un hijo pueda salir del país, sin requerir autorización del progenitor ausente.

A partir del caso entre Cazzu, de nacionalidad argentina, y Nodal, mexicano, la controversia se instaló en la agenda pública sobre los permisos de viaje internacionales de menores de edad.

El conflicto incluyó denuncias sobre cuotas alimentarias y visitas, así como episodios en los que la artista informó que recibió comentarios extorsivos respecto de su hija y su trabajo.

En tanto, el permiso de viaje, en un primer momento denegado, fue finalmente otorgado de forma unilateral tras intervención judicial.

El proyecto de ley cobró notoriedad tras la viralización del episodio y posteriormente fue presentado para ser debatido en México. Cazzu aclaró públicamente que no tiene una necesidad económica particular, pero que se involucró en la causa para visibilizar la realidad de muchas mujeres en circunstancias similares.

El testimonio de la especialista y la experiencia de las familias

Paula Mayor, abogada especialista en familia, compartió en Infobae, su visión sobre la normativa vigente y los obstáculos que enfrentan numerosas familias argentinas. “Muchas familias pueden sentirse identificadas con la situación: progenitores ausentes que aun así deben autorizar formalmente la salida del país de un hijo menor”, explicó.

Mayor detalló que el trámite de permisos para menores cuando uno de los padres está ausente requiere instancias judiciales. “¿Quién no ha tenido un amigo que el padre no aparece, no se hace cargo, pero se necesita su permiso para un viaje familiar? Eso implica revictimizar al grupo familiar y al chico en cuestión”, señaló.

Además, sumó la dimensión escolar y social de la problemática: “Muchas veces, el menor lleva el apellido del padre ausente y recibe preguntas de sus compañeros. El impacto es duro para la identidad”.

La abogada destacó que, en casos como el de Cazzu, el conflicto agrega particularidades: “Desde la perspectiva de violencia de género, hay una encrucijada. La madre debe elegir entre compartir tiempo con su hija o poder desarrollarse y proveer económicamente trabajando. En este caso, la conducta del padre es doblemente grave”, expuso.

Y subrayó: “Ella ha dicho varias veces que la cuota alimentaria no se condice con la capacidad económica del padre, que es artista internacional”.

Mayor remarcó que el Código Civil y Comercial argentino establece que ambos progenitores tienen derechos y deberes inscriptos en la partida de nacimiento. El incumplimiento de esas obligaciones genera las dificultades actuales: “Ella siempre menciona que la cuota alimentaria no alcanza y no refleja la capacidad económica del progenitor”, reiteró.

Permisos de viaje, tenencia y desafíos judiciales

En la práctica, el permiso para salir del país con menores forma parte de un conjunto reducido de actos que necesitan el consentimiento de ambos padres según la ley. “El código supuso un avance: antes quien tenía la tenencia decidía por sí solo. Hoy se presume el acuerdo para ciertas decisiones cotidianas, pero otros actos, como autorizar viajes o cambiar el domicilio, requieren sí o sí firma de los dos”, explicó Mayor.

Ante la falta de acuerdo —cuando un progenitor está ausente o no desea colaborar— la única opción es judicializar la situación. “Hay que pedir la autorización al juez, y esto exige recursos y tiempo. No todas las familias pueden soportar la angustia y los costos que implica enfrentar un proceso judicial”, puntualizó.

Según la abogada, ese procedimiento puede incluir medidas prácticas como firmar poderes notariales, aunque estos poderes se pueden revocar en cualquier momento, sumando incertidumbre.

El Código Civil permite que la justicia habilite permisos unilaterales, pero esa solución depende del caso concreto y no necesariamente asegura celeridad: “El juez puede autorizar la salida, pero sólo para fechas y viajes específicos”.

Mayor aclaró que la parte ausente podría cuestionar la decisión, aunque “es muy probable que, en segunda instancia, el tribunal confirme el permiso cuando se comprueban las circunstancias particulares”.

Impacto social y relevancia en la discusión pública

Los permisos de viaje siguen, en la mayoría de los casos, vinculados a la cuota alimentaria y los deberes parentales. Conforme a datos citados por Mayor, “siete de cada diez padres no aportan la cuota alimentaria”.

El dato evidencia una problemática extendida. “Muchas madres optan por afrontar los gastos solas para preservar un clima de tranquilidad y evitar el desgaste que significa un litigio, pero no todas tienen esa posibilidad”, advirtió.

La situación se agrava cuando el conflicto incluye situaciones de violencia de género, manipulación o extorsión: “Este asunto refleja lo que viven muchas mujeres, especialmente aquellas que no pueden cubrir solas los gastos de sus hijos ni acceder fácilmente al sistema judicial”.

Mayor sostuvo: “El control ejercido por parte de quien no participa en la crianza puede ser utilizado como una herramienta extorsiva. Hay que considerar que la justicia da herramientas, pero la realidad de muchas familias dista de poder hacer uso de ellas sin dificultades”.

La discusión planteada por el proyecto de ley Cazzu invita a repensar los mecanismos legales en Argentina y otros países para que las decisiones relevantes sobre la vida de los hijos no se conviertan en un obstáculo añadida para el desarrollo de las familias.

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