Una auditoría sobre las sociedades que administraron los ingresos de Tini Stoessel abrió un conflicto con su padre. Un abogado penalista explicó qué delitos podrían configurarse si se comprueban irregularidades.
Tini Stoessel
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La relación profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa un momento de tensión luego de que una auditoría privada detectara que la cantante no tendría participación accionaria ni control sobre las sociedades que administraron durante años los ingresos vinculados con su música, imagen y contratos comerciales.
El conflicto derivó en una negociación para reorganizar el patrimonio generado durante más de 15 años de carrera. Según trascendió, uno de los puntos centrales es que los ingresos provenientes de contratos discográficos fueron canalizados a través de sociedades que la artista no controla.
Otro de los aspectos que llamó la atención es que Tini recién habría podido acceder en junio de 2026 a una cuenta bancaria exclusivamente a su nombre, después de la intervención de sus nuevos abogados.
En medio de la disputa, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó el caso y explicó qué podría ocurrir si la auditoría privada derivara en una denuncia ante la Justicia.
El especialista aclaró que el hecho de que existan sociedades a nombre del padre de Tini no constituye por sí mismo un delito. Según explicó, este tipo de estructuras puede utilizarse para administrar y proteger el patrimonio generado por una carrera artística.
La situación podría cambiar si una investigación oficial comprobara que hubo un perjuicio económico contra la cantante. En ese escenario, Sigal mencionó los delitos contemplados en los artículos 172 y 173 del Código Penal, vinculados con defraudación y administración fraudulenta.
De acuerdo con el análisis del abogado, ambos delitos contemplan penas de entre uno y seis años de prisión. Si se comprobara la existencia de distintas maniobras y fueran consideradas en concurso real, la situación penal podría agravarse.
Además, el especialista planteó que una eventual investigación debería analizar el aspecto tributario de las sociedades involucradas. Si se detectaran irregularidades impositivas, podrían sumarse acusaciones relacionadas con delitos contra el Estado.
Una auditoría privada no alcanza para determinar un delito
Sigal también explicó que, ante una eventual denuncia, la Justicia no tomaría automáticamente la auditoría privada como prueba definitiva. La fiscalía debería realizar su propia investigación y ordenar las pericias correspondientes para determinar si efectivamente existió un perjuicio patrimonial.
Por ahora, el conflicto entre Tini y su padre se encuentra centrado en la reorganización del patrimonio y el control de la estructura empresarial que manejó su carrera. La existencia de una auditoría y las acusaciones difundidas no implican, por sí solas, que Alejandro Stoessel haya cometido un delito.
