El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, firmó hoy con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) un acuerdo que sella el previsto respaldo de esta agrupación a su investidura, que le garantiza un nuevo mandato después de haber obtenido el apoyo de los independentistas catalanes, a los que prometió una ley de amnistía que generó rechazo en la derecha y ultraderecha, que convocaron a manifestaciones de rechazo.
"Se trata de un acuerdo muy amplio por el que el PNV garantiza su voto positivo a la investidura de Pedro Sánchez y a la estabilidad de la legislatura, siempre sujeta a los avances y el cumplimiento leal de los compromisos que hemos alcanzado", dijo el jefe del PNV, Andoni Ortuzar, citado por su partido en su cuenta de la red social X (antes Twitter), tras suscribir el acuerdo con Sánchez, que otorga medidas en favor del autogobierno regional.
El líder del PNV aseguró que todos están "muy contentos de haber alcanzado un acuerdo que reportará a las instituciones vascas un total de 100 millones de euros en cuatro años para acometer el reto del salto del euskera al nuevo universo digital", reprodujo la agencia de noticias Sputnik.
"Es un acuerdo bueno para Euskadi (País Vasco en su idioma) porque hay un nítido avance en el cumplimiento del autogobierno presente y se sientan las bases para negociar el autogobierno futuro, todo ello en un horizonte temporal máximo de dos años para ambos procesos", afirmó.
El acuerdo con el PNV, que cuenta con cinco bancas en el Congreso de los Diputados, llega al día siguiente del anuncio del apoyo indispensable de los siete legisladores de Junts per Catalunya, la formación del independentista catalán Carles Puigdemont, a la designación del socialista para un nuevo mandato.
La fecha del debate y la votación de investidura todavía tiene que ser fijada por la presidenta del Congreso de los Diputados, aunque todo apunta a que será la semana próxima, reseñó la agencia de noticias AFP.
Con el apoyo de la izquierda, los partidos vascos y catalanes y otras pequeñas formaciones regionales, Sánchez podrá llegar a contar con 179 votos, superando así los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.
Sánchez recibió el mes pasado el encargo de formar gobierno después de que el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, que salió primero en las elecciones del 23 de julio y recibió el respaldo de la ultraderecha de Vox, no alcanzara la mayoría necesaria para una investidura por parte del Congreso.
Pero los acuerdos con los partidos regionalistas a cambio del apoyo para su nominación no fueron gratuitos para el socialista.
En ese sentido, la promesa que causó más reacciones adversas, incluso de algunos sectores dentro de su agrupación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fue la de concederle a los secesionistas catalanes de 2017 una amnistía para quienes fueron condenados en el marco de esa rebelión.
La promesa de una ley de amnistía, que le permitió también lograr el respaldo de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), en el gobierno regional y con siete bancas en el Congreso, generó una serie de movilizaciones callejeras, convocadas principalmente por Vox y el PP.
Tras la firma del acuerdo con Junts, anunciado ayer en Bruselas, lugar de exilio de Puigdemont, hubo una nueva convocatoria a marchar por parte de organizaciones próximas a Vox, que lo calificaron de "golpe de Estado".
La protesta de anoche frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz, que convocó a unas 8.000 personas y durante la cual se vivieron momentos de tensión, terminó con 24 detenidos y siete policías heridos, según fuentes de la Policía Nacional citadas por la agencia Europa Press.
El líder de Vox, Santiago Abascal, fue uno de los políticos que acudió a la concentración, a la que también se habían sumado una buena parte de las 1.500 personas que horas antes se habían manifestado ante la sede del Parlamento Europeo en Madrid para reclamar a Europa que frene la ley de amnistía.
El PP, en tanto, llamó a sus simpatizantes a concentrarse el domingo próximo en todas las capitales de provincia, mientras que otra gran manifestación está prevista en Madrid para mañana.
En tanto, el acuerdo con los independentistas catalanes fue respaldado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE.
En una entrevista publicada hoy por el diario La Vanguardia, Zapatero lo valoró como "un nuevo comienzo" que "ahora se empieza a reconstruir. Y eso es lo decisivo".
"Siempre ha sido evidente que era muy importante la implicación de los partidos nacionalistas en la gobernabilidad", agregó Zapatero, quien reivindicó al PSOE como el vértice integrador de las confrontaciones territoriales que se dan en el Estado.
En cambio, las cuatro asociaciones judiciales españolas expresaron su "profunda preocupación" por el acuerdo, criticando que incluya una amnistía para los independentistas al considerar que "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia".
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI) emitieron un comunicado conjunto donde ponen el foco en "las referencias al 'lawfare' o 'judicialización de la política' y sus consecuencias".
"El texto del acuerdo contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas", critica el texto.
