La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez fue condenada a diez años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado "caso golpe de Estado II" en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

El Gobierno de Bolivia aseguró que la condena "es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado".

La condena fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras por la salud de Áñez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida del poder del entonces presidente Evo Morales que había perdido la consulta popular para acceder a otro mandato.

Áñez insistió en que en 2019 hubo "vacío de poder" y recalcó que no movió "ni un dedo" para asumir.

Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Áñez dijo que fue sometida a un "simulacro de juicio", remarcó que actuaría "de la misma manera" si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal "el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés".

En este caso, en el que Áñez y exjefes policiales y militares fueron procesados se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Para la defensa de Áñez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

"En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas", señaló Áñez. Además, se quejó de que se le negó "absolutamente todo" durante el proceso, lamentó "las exquisiteces" del Tribunal, que rechazó pruebas de su defensa y atribuyó esas actitudes a la necesidad de "tener el camino expedito para tener una sentencia condenatoria".