Una Brasilia bastante despoblada dio un austero recibimiento a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, quien inició ayer su segundo mandato con el apoyo de apenas unas 15.000 personas con la promesa de un ajuste de las cuentas públicas pero sin ‘traicionar, sin dar un paso atrás‘ en la conquista de los derechos sociales.

Es que Rousseff arranca su segundo mandato con una misión impostergable: moderar el gasto del Gobierno para controlar la inflación y sacar a la economía más grande de América Latina de cuatro años de desaceleración.

En su toma de juramento en Brasilia, Rousseff también prometió realizar una cruzada contra la corrupción, en respuesta al multimillonario escándalo que involucra a la petrolera estatal Petrobras y que amenaza con dañar su segundo mandato.

Desde su estrecha victoria en la reelección, Rousseff ha prometido desplegar políticas más amigables con los mercados, en momentos en que los inversores se retiran de los activos brasileños, molestos con su gestión en la economía.

‘Más que nadie, sé que Brasil necesita reanudar el crecimiento. Los primeros pasos de este viaje son reordenar las cuentas públicas, incrementando el ahorro fiscal, alentar las inversiones y mejorar la productividad‘, dijo Rousseff en su discurso.

Rousseff no entregó detalles específicos sobre los recortes presupuestarios, aunque sí prometió un ajuste de cinturón que cause el menor costo posible para los brasileños promedio que dependen de los beneficios sociales del Gobierno. Para fortalecer el cambio en la política económica, Rousseff, una izquierdista de 67 años, ya nombró al banquero Joaquim Levy como ministro de Hacienda. Pero las cosas podrían complicarse más para Rousseff en febrero, cuando la Corte Suprema dé a conocer los nombres de decenas de políticos que supuestamente recibieron fondos por más de 3.000 millones de dólares en sobornos provenientes de las arcas de Petróleo Brasileiro SA, el nombre formal de Petrobras. Hasta ahora, 39 personas han sido arrestadas en el escándalo, incluyendo a dos exdirectores de Petrobras y ejecutivos de importantes empresas constructoras. Otros ejecutivos están acusados de canalizar dinero con contratos sobrevalorados para sobornar a funcionarios y políticos.