En cualquier otro rincón de América Latina, los 93 días que duró la reciente transición presidencial de Uruguay serían vividos como una suerte de asalto a la salud mental. Es que, a primera vista, parece difícil imaginar un cambio más rotundo de signo político en el país que la llegada de Luis Lacalle Pou a la presidencia tras 15 años ininterrumpidos del Frente Amplio en el poder.

El nuevo mandatario no ha sido reticente en exponer sus propuestas de gobierno, en algunas casos, completamente contrarias a las políticas que llevó adelante la coalición de centroizquierda de Tabaré Vázquez. Sólo hay que imaginar lo que un escenario de más de 3 meses así generaría en Brasil, Chile o la Argentina. La perspectiva de una nueva Uruguay sujeta a un giro radical y a un gobierno de centroderecha, sin embargo, no parece generar más que temblores menores en la vida diaria de la gente, toda posibilidad de cambio rotundo preanunciada con la salvedad de que será “a la uruguaya”: mesurado, paulatino y negociado.

Eso no quiere decir que Lacalle Pou y su equipo de gobierno no hayan buscado presentarse como un aluvión que venía a sacudir la aletargada escena política del país. Prácticamente desde que el candidato del Partido Nacional fuera proclamado ganador del balotaje el 28 de noviembre de 2019, el flamante presidente viene construyendo una imagen orientada a la fortaleza de la gestión y el pragmatismo. “Busca transmitir que es un gobierno que viene a agarrar el toro por las astas”, ofrece como síntesis el politólogo Adolfo Garcé a la hora de explicar la estrategia de Lacalle Pou y su equipo.

Desde noviembre hasta la fecha, han aparecido propuestas, declaraciones y gestos que permiten esbozar alguna idea de cómo lucirá un gobierno de Luis Lacalle Pou. Un elemento central es el borrador de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que el presidente ha dicho pretende mandar al Congreso el 9 de marzo, ocho días después de su asunción. Allí se encuentran sus principales propuestas en materia de seguridad, educación y economía y manejo del Estado, los temas sobre los cuales construyó su campaña y buscará sean ejes centrales de su gestión: mano dura en la seguridad, liberalización en la economía, y una reforma educativa que supone una batalla con los sindicatos.

El nuevo gobierno también ha dado indicios de cómo será la política exterior de Uruguay. La decisión de no invitar a los presidentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la asunción presidencial por considerar que no son “democracias plenas”, sumado a sus posiciones más aperturistas respecto al Mercosur, marcan un claro cambio en el posicionamiento del país en la región.

“La idea de lo ‘pragmático’ y del ‘interés nacional’ son siempre construcciones políticas. En el caso del gobierno de Lacalle Pou, decir que quiere una diplomacia ‘no ideologizada’ es un mensaje a su electorado de que va a tener prioridades distintas a las del Frente Amplio, seguramente más orientado hacia lo comercial”, opina el experto en política exterior uruguaya Camilo López, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

Para que el plan de Lacalle Pou tenga éxito, sin embargo, deberá navegar por un escenario político complejo. Sumado al hecho de que ganó la elección por un margen exiguo (en el recuento final del balotaje, superó a Daniel Martínez por apenas 1,5% de los votos), llega a la presidencia a bordo de una coalición que en un primer momento se unió sin más objetivos que ganarle al Frente Amplio. Sortear los escollos que supone gobernar en sociedad, desde el manejo de las aspiraciones de los referentes de cada partido de la Coalición Multicolor hasta los desacuerdos programáticos y los votos en el parlamento, será una tarea quirúrgica sobre la cual descansan sus posibilidades de éxito.

Urgencias y expectativas

Crédito abierto, opinión pública a favor, entusiasmo y paciencia. Idealmente, la “luna de miel” de la que gozan los gobernantes durante los primeros meses de su gestión cuenta con alguna cuota de todos estos elementos. Cien días para construir un colchón que les permitirá amortiguar los inevitables golpes que llegarán cuando la cuerda de las expectativas comience a tensarse. En el caso de Lacalle Pou, parte de esa primera impresión viene forjándose desde enero, con una estrategia de gran presencia mediática y declaraciones sobre cuáles será los lineamientos de su gobierno.

“Lacalle Pou va a ser un presidente presente, de muchas apariciones. Uno de los principales problemas que tuvo el gobierno de Vázquez es que no contagió entusiasmo. Ni por los proyectos presentados ni por la gestión de gobierno, que era muy acartonada y formal. Previo a la enfermedad, Tabaré era un presidente ausente. De hecho, cuando apareció para anunciarla, volvimos a ver al mandatario del primer período, mostrándose como un presidente presente. Afortunadamente, ahora se encuentra mejor, y se lo ve recuperado y activo”, explica el analista político Mauricio Rabufetti.

Una gran parte de esa primera impresión se jugará en la Ley de Urgente Consideración, un recurso parlamentario al cual han recurrido numerosos gobiernos anteriores. Tiene la particularidad de que, una vez introducido, el Congreso tiene un plazo máximo durante el cual puede tratarla y pedir modificaciones. Superado ese lapso, que son tres meses, el proyecto se convierte automáticamente en ley. Allí está delineado el mapa ideológico del nuevo gobierno, y el más claro quiebre con lo que fueron los mandatos del Frente Amplio: una política de seguridad más orientada hacia la represión y la mano dura, sumado a una política económica más liberal y promercado.

La seguridad fue un tema sobre el cual Lacalle Pou machacó durante toda la campaña, consciente de que era una cuestión que aparecía entre las mayores preocupaciones de la población. Para botón de prueba sólo hay que recordar que, en las elecciones de 2019, se presentó un plebiscito de reforma constitucional en materia de seguridad.

Impulsada por el actual ministro del Interior Jorge Larrañaga, la reforma pedía que se creara una Guardia Nacional con efectivos de las Fuerzas Armadas, cumplimiento efectivo de la pena para ciertos delitos y cadena perpetua revisable. La propuesta fue rechazada por el Frente Amplio, y ninguno de los once candidatos a presidente la respaldó oficialmente. No logró su aprobación, pero cosechó casi el 47% de adherencias, un indicador de peso para la clase política.

“La ciudadanía tiene expectativas muy altas, y creo que la ocupación del espacio público va a ser la carta a la que va a recurrir Lacalle Pou. Mas policías en las calles, más seguridad en las fronteras. No estoy diciendo que eso necesariamente va a ser una medida más eficiente para combatir la inseguridad, pero considerando la plataforma en base a lo cual lo eligieron, es una opción bastante segura”, afirma Rabufetti.

El período de cortejo también vale para la Coalición Multicolor. Hasta ahora, todos los partidos que la forman se han mostrado abiertos a la negociación y al compromiso, y es de esperar que Lacalle Pou pueda contar con esa actitud a lo largo de los primeros meses de gobierno. Pero a medida que pase el tiempo, la aparición de roces con los referentes de los demás espacios será inevitable.

Faltaban poco más de dos semanas para que Lacalle Pou asumiera cuando Guido Manini Ríos, el titular de Cabildo Abierto, y el componente más impredecible de la coalición, afirmó que será candidato presidencial en 2024. Es lógico asumir que Ernesto Talvi, actual canciller y principal referente del Partido Colorado, tenga ambiciones similares.

Hay que recordar que el Partido Nacional no cuenta con mayoría en ninguna de las dos Cámaras, y necesita de los votos de los demás miembros de la coalición. La tarea de mantener a todos contentos recaerá sobre la vicepresidenta Beatriz Argimón, una figura reconocida justamente por su labor parlamentaria, y de buen diálogo con todos los sectores políticos, incluida la centroizquierda.

Mercosur, una oportunidad y no un impedimento

A juzgar por las palabras y las acciones de Lacalle Pou hasta ahora, no es aventurado asumir que la política exterior de Uruguay es uno de los ámbitos que más distinto lucirá tras los 15 años del gobierno del Frente Amplio. A su reciente negativa a invitar a los mandatarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua a la asunción presidencial, hay que agregarle la condena explícita al régimen de Nicolas Maduro que el candidato del Partido Nacional realizó a lo largo de la campaña: llegó a decir que la posición de Uruguay respecto a Caracas era una “vergüenza”.

Más allá del posicionamiento político de Montevideo frente a la región, lo cierto es que todo indica que el factor comercial volverá a ser el gran impulsor de las incursiones de Uruguay en el escenario mundial. El uso del término “volverá” es importante, dado que algunos de los mayores debates en torno a la política exterior uruguaya han girado en torno a cuestiones de libre comercio. No hay duda de que las críticas que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha hecho sobre el Mercosur resuenan en algunos de los miembros del actual gobierno.

La designación de Ernesto Talvi como canciller es, en ese sentido, una señal a tener muy en cuenta. Economista formado en la Universidad de Chicago, Talvi representa el ala más liberal de la coalición. Su reunión de hace algunas semanas con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, en donde coincidieron en la necesidad de “flexibilizar” el Mercosur, es indicador de la posible actitud que el gobierno tendrá hacia ese acuerdo comercial: el Mercosur como base para crecer, pero no como un impedimento para integrarse al mundo.

No se puede descartar que Uruguay tenga una política más inclinada hacia la creación de acuerdos bilaterales, y a buscar opciones por fuera del Mercosur. “Si el Frente Amplio tenía una postura más ‘latinoamericanista’ respecto al Mercosur, el gobierno que llega tiene una actitud de mirar más el mundo. No hay que olvidar que Talvi es ‘hijo político’ de Jorge Batlle, que fue quien calificó al Mercosur como un ‘corralito’”, explica el politólogo Adolfo Garcé, que es docente de Ciencias Políticas en la Universidad de la República.

Dentro de la Coalición Multicolor, por otra parte, las opiniones sobre cómo posicionarse frente a la apertura comercial no son unánimes. Si bien la mayoría favorece una postura de mayor liberalización económica, no se puede dejar de señalar que Cabildo Abierto tiene una posición más escéptica respecto a esa estrategia. Manini Ríos cultiva una línea más en sintonía con cierto neodesarrollismo, con componentes más nacionalistas y menos globales.

En cierto punto, el desafío para el gobierno uruguayo parecería ser cómo llevar adelante una relación con vecinos ubicados en veredas enfrentadas: una Brasil más cercana a la idea de libre comercio estadounidense, y una Argentina más proteccionista.

De cualquier manera, y más allá de las posiciones divergentes que pueda llegar a tener con la Argentina en temas comerciales, o en cómo perciben la dinámica regional, existe consenso de que Lacalle Pou tendrá un buen nivel de diálogo con Alberto Fernández. Saber navegar entre gigantes es, después de todo, un talento ganado a fuerza de necesidad.

Empresarios sí, sindicatos no

En Uruguay, toda aseveración tajante en materia política corre el riesgo de quedar desacreditada por la realidad más temprano que tarde. Es innegable la inclinación de Lacalle Pou hacía una postura más cercana a los empresarios y la apertura comercial, presente tanto en los artículos de la LUC como en sus declaraciones.

Sin embargo, la primera reunión que mantuvo tras sus vacaciones de enero fue con la conducción del PIT-CNT, la central sindical del país, en donde les aseguró que va a mantener la modalidad del Consejo de Salarios. Estos son órganos donde los representantes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores fijan los sueldos. La gradualidad como sello distintivo uruguayo.

De todas maneras, las medidas propuestas en la LUC, como la eliminación de la bancarización obligatoria y la liberalización de los combustibles (un reclamo central del sector agropecuario), sumado a las declaraciones y gestos de Lacalle Pou, hacen presumir que el nuevo gobierno tendrá una impronta más “mercado friendly”. Flexibilizar los requisitos para la llegada de capitales extranjeros, sumado a la intención de lograr un recorte de 900 millones de dólares al gasto público a lo largo de su mandato, son todas medidas en la misma línea.

Si bien todos acuerdan que el nuevo presidente no recibirá un país en crisis ni mucho menos, sí hay variables que requieren atención. Uruguay lleva más de 15 años de crecimiento ininterrumpido, pero empieza a haber señales de agotamiento: en 2019 creció un 1,5% del PBI, muy lejos de las épocas de gloria de hace 10 años. A eso hay que sumarle un déficit fiscal persistente, que en 2019 fue alrededor del 4,8% del PBI. El recorte que busca Lacalle Pou apunta a bajar ese número, pero numerosos economistas dudan de que eso sea posible sin tocar áreas muy sensibles, como la educación y la salud.

Como figuras a seguir en esta área hay que mirar a la ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche, y, fundamentalmente, a Isaac Alfie, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a cargo de la “tijera” presupuestaria. Exministro de Economía de Jorge Batlle, fue descripto por una fuente como un ultraliberal con fama de “inflexible”. Cómo se gestiona esta área, y por sobre todas las cosas, cómo se navega la delicada negociación para llevarla a cabo, expondrá la muñeca política del gobierno.

El sector donde más claramente se percibe la llegada de un conflicto abierto con las organizaciones sindicales es en el de la educación. Sin ir más lejos, faltando dos semanas para que Lacalle Pou asumiera, los sindicatos ya habían convocado un paro para el jueves 12 de marzo.

El motivo del malestar y del inevitable enfrentamiento está en la LUC y en la cantidad de artículos que le dedica a la educación. El cambio más drástico es la propuesta de rearmar los Consejos Directivos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en efecto quitándole representación a los sindicatos en estos cuerpos.

La lucha entre los sindicatos de la educación y el gobierno fue una constante durante los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez. Mujica incluso llegó a tener un acuerdo con todo el arco político para encarar la exploración de una reforma, pero finalmente no avanzó para evitar una guerra con los sindicatos. Las fuentes consultadas apuntan a algunos aspectos luminosos durante los gobiernos del Frente Amplio, como el Plan Ceibal, que otorgó una laptop con conexión wifi a todos los niños de la educación pública, el único país del mundo en alcanzar esa meta.

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Los críticos, sin embargo, apuntan a que más del 60% de los jóvenes de 17 años no logran terminar el secundario, un número revelado por una encuesta realizada en 2019 por la ANEP, y al deterioro de los establecimientos en el interior del país. Lacalle Pou designó además a Pablo da Silveira como el titular del ministerio de Educación y Cultura, un hombre que ha hecho de la batalla por la reforma educativa un leitmotiv. El camino parece allanado para un choque frontal.

Habrá que esperar algún tiempo hasta que puedan apreciarse rasgos más definidos del gobierno de Luis Lacalle Pou. Sus propuestas, al igual que los planos de un edificio previo a su construcción, prefiguran un escenario deseado que ahora deberá probarse en el campo de la acción concreta. El filo de la realidad como detonante de limitaciones y posibilidades.