Al menos 34 personas, nueve de ellas policías, han muerto y más de cien resultaron heridas ayer cuando agentes desalojaron por la fuerza a indígenas que bloqueaban una carretera en protesta por una serie de decretos legislativos.
Los hechos se sucedieron cuando la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía reprimió con ráfagas de bala por tierra y desde helicópteros la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura de la ciudad de Bagua, en la región de Amazonas, unos 900 Km al noreste de Lima.
Según la versión de la Aidesep, principal organización indígena y cabeza de las protestas que duran ya dos meses, eran 5.000 los nativos que bloqueaban la llamada "Curva del Diablo", en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía cargó a las cinco de la madrugada contra ellos.
Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana, según señalaron varias fuentes.
Posteriormente, los desórdenes se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante). Las movilizaciones continuaron por la tarde, en medio de disparos al aire y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad.
La policía acusó a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la institución, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.
Sin embargo, la Aidesep negó que sus huestes tengan armas de fuego y aseguraron que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos policías que los acorralaban.
La cifras de muertos no es definitiva ya que aún estaban levantando cadáveres en tres puntos distintos: Bagua Grande, Bagua Chica y la misma carretera.
La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró que tienen 40 heridos "todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen".
Los manifestantes cortaban la ruta desde hacía 10 días en el marco de la protesta iniciada el 9 de abril. Las comunidades indígenas exigen al Ejecutivo derogar una decena de decretos que consideran contrarios a los derechos de los pueblos nativos sobre la tierra y que permitirían la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la Amazonía.