El exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, fue detenido ayer en el aeropuerto internacional de Brasilia, en el marco de la investigación por los actos golpistas contra Luiz Inácio Lula da Silva ocurridos el 8 de enero.

Torres, que se encontraba en Estados Unidos, fue hasta el domingo pasado secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal y por eso el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios públicos que fueron invadidos por los seguidores del exmandatario de ultraderecha.

A Torres se lo investiga por presunta "omisión y connivencia" durante el asalto a las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del pasado domingo.

El exfuncionario quedó bajo la lupa al conocerse que dos días antes del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia por parte de manifestantes bolsonaristas, las autoridades de Seguridad de Brasilia recibieron un informe de Inteligencia que advertía sobre ese riesgo, según informó ayer el diario Folha do Sao Paulo, que tuvo acceso al documento.

El texto, que advertía que los seguidores del expresidente Jair Bolsonaro tenían "la intención de practicar actos de violencia", fue remitido el 6 de enero al propio Anderson Torres, destituido de su cargo por su actuación ese mismo día.

El informe advierte de una "alarmante" concentración de manifestantes llegados de otros puntos del país para una "toma del poder" y la "invasión del Congreso" para ocupar "los órganos públicos que representan a los tres poderes" y "sitiar" Brasilia, según recogió la agencia de noticias Europa Press.

El Tribunal Supremo Federal dictó el pasado martes prisión preventiva porque considera que la invasión solo pudo ocurrir "con la anuencia y hasta la participación efectiva de las autoridades competentes de la seguridad pública y la inteligencia".

Torres se encontraba en EEUU cuando comenzó la toma de los tres poderes por manifestantes que pedían un golpe de Estado contra Lula que había asumido justo una semana antes.

El gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha -también aliado de Bolsonaro-, destituyó a Torres poco después del inicio del asalto.

Según el ministro de Justicia, Flávio Dino, el dispositivo de seguridad de Brasilia fue alterado horas antes de la manifestación de tal forma que se redujo significativamente el número de efectivos policiales desplegados en la Explanada de los Tres Poderes. Además en el domicilio de Torres fue hallado un borrador de un decreto presidencial para intervenir en el Tribunal Superior Electoral (TSE) y desconocer el resultado de las elecciones. El propio Torres admitió la existencia del documento que "iba a ser triturado oportunamente en el ministerio".

Las autoridades identificaron 52 individuos y siete empresas bajo sospecha de contribuir económicamente con los manifestantes.

Lula prometió además "una revisión profunda" de su entorno en el palacio para garantizar su seguridad, puesto que está convencido de que hubo complicidad interna en la asonada.