La administración isleña extendió por cinco años las licencias offshore, con opción a otros dos. La medida alcanza a Sea Lion, proyecto que Argentina busca frenar por vías judiciales, administrativas y diplomáticas.
Reino Unido respaldó la extensión de las licencias petroleras offshore mientras Argentina busca frenar el avance del proyecto Sea Lion.
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La disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos alrededor de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto. La administración isleña, con “pleno respaldo” del Gobierno británico, anunció la extensión por cinco años de todas las licencias offshore vigentes, justo cuando Buenos Aires endurece las medidas contra las petroleras involucradas y cuestiona la explotación unilateral de recursos naturales en el área cuya soberanía permanece en disputa.
Los permisos, actualmente dentro de su etapa de exploración, tendrán una prórroga inicial de cinco años y podrán extenderse otros dos años adicionales si las compañías cumplen satisfactoriamente con los programas de trabajo acordados. La administración isleña argumentó que la medida busca brindar previsibilidad a los operadores para que continúen invirtiendo y evaluando nuevas áreas hidrocarburíferas.
La responsable isleña de Comercio, Industria y Recursos Minerales, Cheryl Roberts, defendió la decisión y sostuvo que esas extensiones permitirán continuar con el desarrollo de los bloques. La posición británica y de las autoridades isleñas contrasta frontalmente con la de Argentina, que considera que las licencias concedidas sin autorización nacional son ilegítimas y contrarias a sus derechos soberanos.
El principal foco de tensión es Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas. El proyecto es operado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, mientras que Rockhopper Exploration conserva el 35%. Las compañías tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y proyectan obtener el primer petróleo en 2028.
La primera fase contempla 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga. De acuerdo con Rockhopper, esta etapa apunta a una producción máxima cercana a los 50.000 barriles diarios, mientras que el desarrollo completo del proyecto está presupuestado en alrededor de US$2.100 millones.
La decisión anunciada ahora no se limita a Sea Lion. La administración isleña también aprobó que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera una participación del 65% en la licencia PL001, un bloque vecino, con el argumento de acelerar su evaluación y eventual desarrollo. Además de Navitas y Rockhopper, el registro oficial incluye intereses de compañías como Borders & Southern y JHI en distintas áreas.
La extensión se conoce apenas días después de que el Gobierno argentino elevara el tono de sus medidas contra las compañías que participan de actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sur. El 4 de septiembre, la administración de Javier Milei informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas; cuatro días después agregó otros 15 expedientes, llevando el total anunciado a 60 sujetos investigados por posibles violaciones a la Ley 26.659.
La Cancillería sostuvo el 15 de septiembre que las actividades de Rockhopper y Navitas en torno a Sea Lion son realizadas sin autorización argentina y volvió a cuestionar las acciones unilaterales británicas. También señaló que profundizará medidas administrativas, judiciales y diplomáticas para intentar impedir la explotación de esos recursos.
La disputa también llegó a los tribunales. El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, dictó una medida cautelar el 16 de septiembre que ordenó a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar Sea Lion. La resolución se produjo en una causa promovida por organizaciones ambientalistas y excombatientes de Malvinas.
Ese escenario hace que la prórroga anunciada desde las islas profundice una situación en la que existen decisiones administrativas británicas e isleñas que permiten avanzar con el desarrollo y medidas argentinas que pretenden impedirlo. Hasta la mañana de este martes no se había difundido un nuevo comunicado específico de Cancillería referido exclusivamente a esta extensión, aunque la posición argentina sobre estas licencias ya había sido explicitada la semana pasada.
El anuncio suma además un componente diplomático. Javier Milei tiene previsto hablar este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el Gobierno anticipó que la cuestión Malvinas ocupará un lugar relevante luego de las medidas adoptadas durante septiembre.
Días atrás, el Ejecutivo también envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que plantea endurecer las consecuencias para quienes participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina y otorgar nuevas herramientas al Estado para actuar frente a esas actividades.
En paralelo, la posición internacional sobre la soberanía continúa sin resolverse. El Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas volvió a pedir en junio de 2026 que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa. Londres sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a determinar su estatus político, mientras que Argentina reclama la restitución del ejercicio de soberanía y considera que el conflicto debe resolverse mediante negociaciones bilaterales.
Así, mientras las compañías aceleran el calendario para comenzar a producir petróleo en 2028, las decisiones de las últimas semanas muestran que la disputa ya no se concentra únicamente en el terreno diplomático. Licencias, sanciones, tribunales, inversiones multimillonarias y recursos naturales se convirtieron en piezas centrales de una tensión que vuelve a escalar alrededor de Malvinas.
