Mariel Borruto hizo lugar a una cautelar contra Rockhopper y Navitas. La medida alcanza perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender las obras vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
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La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas. La jueza federal Mariel Borruto hizo lugar a una medida cautelar y dispuso que Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum se abstengan de iniciar o continuar las obras vinculadas con el emprendimiento.
La resolución alcanza la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, el tendido de ductos, la puesta en funcionamiento de unidades flotantes y el comienzo de la extracción comercial de petróleo. También incluye obras terrestres y portuarias destinadas a prestar apoyo al desarrollo.
La cautelar fue solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA), que impulsaron una acción preventiva de daño ambiental colectivo. El fallo establece que las compañías deberán detener los actos materiales vinculados con Sea Lion hasta que se tramite una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas competentes, salvo que el propio juzgado disponga otra medida.
Para Borruto, la documentación incorporada al expediente muestra que el emprendimiento ya superó la etapa de planificación y comenzó su ejecución. La magistrada tuvo en cuenta la decisión final de inversión adoptada en diciembre de 2025, las contrataciones de equipos de perforación y de una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de trabajos de adaptación de infraestructura.
La jueza aclaró, sin embargo, que la medida cautelar no implica que se haya probado un daño ambiental. Su decisión se apoya en el carácter preventivo de la legislación ambiental y en que, según el expediente, no se realizó ante organismos argentinos el procedimiento destinado a evaluar los posibles impactos y determinar medidas de prevención o mitigación.
Además, Rockhopper y Navitas tendrán diez días judiciales desde su notificación para informar el estado actual del proyecto, el cronograma previsto, la situación de los pozos, equipos y contratistas involucrados, el esquema de financiamiento y los estudios ambientales realizados. También deberán preservar la documentación técnica, financiera, contractual y ambiental relacionada con Sea Lion.
Sea Lion es un desarrollo offshore impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas. La demanda menciona un esquema compuesto por 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas, además de instalaciones submarinas y una unidad flotante de producción.
La causa judicial se desarrolla en paralelo con la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido. El Gobierno argentino sostiene que la explotación de hidrocarburos en esas áreas requiere autorización nacional y anunció nuevas acciones legales y sanciones contra compañías vinculadas con esas actividades. El Reino Unido, en cambio, sostiene que Argentina no tiene jurisdicción sobre las islas ni sobre las actividades autorizadas por la administración isleña.
El expediente había tenido un avance clave una semana atrás, cuando Borruto se declaró competente para intervenir y reconoció la jurisdicción de los tribunales argentinos en la demanda presentada contra las petroleras. En ese momento, la medida cautelar todavía se encontraba pendiente de resolución.
La decisión conocida este miércoles no resuelve todavía el fondo de la causa. La cautelar podrá ser mantenida, modificada, ampliada o levantada a medida que las empresas respondan y avance el expediente.
