El juez Federal Leopoldo Rago Gallo procesó ayer con prisión preventiva y embargó bienes por $100.000 al exjefe y cuatro policías de la brigada de calle de la Seccional 17ma de Chimbas, por comercio doblemente agravado de drogas: por la participación de 3 o más personas y por ser funcionarios públicos, dijeron fuentes judiciales.

El escándalo de esos efectivos sospechados de liberar zonas y proteger a sus narcos, incluyó un delito extra para el comisario Rodolfo Andrada: la extorsión contra un detenido en la Seccional 2da al que hizo llevar a la 17ma para exigirle $50.000 a cambio de liberarlo. Es más, en la casa de Andrada en Caucete, incautaron más de $50.000 y el magistrado sospecha que pudo ser dinero de esa maniobra delictiva por la que también lo procesó, precisaron.

El escándalo había estallado públicamente el pasado 21 de marzo, luego de una serie de escuchas telefónicas ordenadas por el juez a Gendarmería Nacional. Allí no sólo surgió la sospecha del posible comercio de estupefacientes por parte de personas que justamente debían hacer lo contrario, es decir combatir ese delito. También hubo que desdoblar la causa y derivar a la Justicia provincial parte de las escuchas, en las que se revelaba la posibilidad de que hubieran plantado un arma de fuego al sospechoso de un homicidio (ver recuadro).

Quienes terminaron complicados por comercio de droga agravado, son el comisario Rodolfo Oscar Andrada (47), el oficial ayudante Franco Gabriel Cristofoletti (28), el cabo Martín Leonardo Tello (40), el agente Juan Alberto Poblete (46) y el agente Juan Antonio Figueroa (37). Figueroa también fue procesado por la tenencia ilegítima de tres DNI de otras personas y acopiar municiones de arma de fuego.

Otro complicado por comercio de drogas agravado fue el ‘narco’ con nexos policiales, Juan Francisco Ramos Olaya (31 años, radicado en el Lote Hogar 59).

El juez procesó pero liberó a un tío del oficial Cristofoletti, el sargento primero Carlos Alejandro Cristofoletti (46), por la tenencia simple de drogas y acopio de municiones.
Y liberó por falta de pruebas al oficial inspector Fernando Fabián Olivera (41).

En su defensa, Andrada dijo que pidió cambiar a sus policías de calle porque sospechaba, pero dos jefes suyos lo negaron. Es más, el subjefe, José Luis Morales, declaró que los había descripto como ‘excelentes policías’.

La otra acusación

El comisario Rodolfo Andrada empezó a defenderse también en el Segundo Juzgado de Instrucción, donde el juez Pablo Flores (secretaría de Eduardo Raed) investiga la causa de la justicia federal sobre la supuesta manipulación de pruebas de los policías de la seccional 17ma en contra de Miguel Ángel Tapia (19 años, alias ‘Tarrito de Grasa’), preso por matar de un tiro en el abdomen a María Bugueño (49), baleada el 4 de marzo pasado en la puerta de su casa en la Villa El Salvador, Chimbas.

En las escuchas ordenadas por el juez federal, se descubrió que los policías de la 17ma hablaban de haberle plantado un arma y balas a Tapia, para complicarlo en ese disparo letal que, se supone, efectuó contra sus rivales y no contra la mujer.
También investigan los supuestos apremios ilegales que ese joven aseguró haber sufrido en la seccional 17ma. Ese delito, falta de cumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público (las actas policiales) son los que Andrada niega haber cometido.