Los hermanos César David y José Erasmo Calívar admitieron que lideraban una banda integrada por al menos cinco sospechosos más, que se dedicó a comercializar drogas entre diciembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2019, cuando los apresaron efectivos de Gendarmería Nacional, que les seguían los pasos con escuchas telefónicas. Ayer, ante el juez del Tribunal Oral Federal local, Daniel Doffo, seis de esos siete implicados (hay una prófuga) aceptaron su culpa en un juicio abreviado que alcanzaron con el fiscal Francisco Maldonado a través del defensor oficial Esteban Chervín y el defensor particular César Jofré.

Cesár David Calívar podrá recibir la pena más alta, 4 años y 3 meses y una multa elevada (46 unidades fijas, cerca de $200.000), porque, entre otras cosas, en su casa de la Villa Angélica, Rawson, secuestraron la mayoría de la cocaína (en total, en el operativo fueron casi 7 kg). Su hermano, ratificó su intención de recibir 4 años y la misma multa por igual delito, comercio de estupefacientes.

El caso se desdobló y en la Justicia provincial se investiga la tenencia ilegal de armas.

Los demás imputados lograron un cambio de calificación en el delito, que finalmente les quedó en participación secundaria. Esos acusados son Rubén Germán Montoro y Juan Miguel Pereira, que aceptan 2 años y 6 meses de cárcel. Y Diego Matías Ramón Ruiz con Lidia Irene Portugal, que podrán recibir 2 años de cárcel, indicaron fuentes judiciales. A esta instancia de juicio también llegó acusada Marianela Morales, que gozaba de prisión domiciliaria y fue declarada prófuga por no presentarse al ser citada, dijeron fuentes judiciales.

El juez de Cámara Federal Daniel Doffo deberá decidir si acepta o no el proceso abreviado.

El operativo, aquella vez, incluyó 8 allanamientos que terminaron con el secuestro de la cocaína, 6,2 gramos de marihuana, 17 semillas de cannabis sativa, 8 balanzas de precisión, una prensa, una licuadora, ocho armas (pistolas, revólveres y una escopeta), una máquina cuenta billetes, seis automóviles y una moto, celulares, notebook, cámaras fotográficas y filmadoras.

El juez Doffo deberá evaluar ahora si acepta o no el acuerdo. Si lo hace, no podrá aplicar castigos mayores.