Un docente de 55 años que trabaja como preceptor en una escuela secundaria de orientación técnica de Rivadavia, empezó a ser investigado por un delito que podría acarrearle una condena penal leve, pero que laboral y socialmente puede traerle más de un dolor de cabeza si acaso se confirman las sospechas de la fiscal Ingrid Schott y la ayudante fiscal Laura Maldonado (UFI ANIVI), quienes por ahora le atribuyen dos hechos de abuso sexual simple contra una alumna de 14 años, ambos ocurridos en el interior de ese establecimiento educativo, indicaron fuentes judiciales.

El imputado, de apellido Dacunto, es defendido por José Beltran y Nicolás González. Y ante el juez de Garantías, Alberto Caballero, se negó a dar su versión de los hechos. Sin embargo, cuando el polémico caso se conoció puertas adentro en su escuela, realizó un descargo ante el director, ante quien negó haber cometido ataque sexual alguno contra la menor.

Justamente a ese directivo recurrió la niña para contarle que no estaba bien de salud por una enfermedad, que tenía problemas con sus inasistencias y, lo más grave, que el preceptor le había tocado sus partes íntimas en dos ocasiones. Una vez, cuando subía las escaleras, se le desataron los cordones y al agacharse para anudarlos pasó por su lado y le tocó la cola. Y momentos después durante un recreo, cuando se le acercó, puso un brazo en uno de sus hombros y avanzó con su mano hasta tocarle un pecho.

Al conocer esta situación, el directivo convocó a los padres de la niña. Pero luego de tres intentos fallidos, resolvió denunciar personalmente el hecho el pasado 15 de diciembre, precisaron fuentes judiciales.

Fiscalía consiguió que el magistrado diera luz verde para que psicólogos del ANIVI entrevisten a la menor, analicen sus dichos y concluyan si miente o no, o si acaso pudo o no ser influenciada por otra persona para acusar al docente.

El juez también aceptó la petición fiscal de que el preceptor no acerque ni moleste a la niña, ni dentro del colegio donde ambos concurrirán en los próximos días, ni tampoco fuera de esas paredes. Al imputado se le impuso, además, la obligación de presentarse una vez por mes a una comisaría, someterse al proceso y colaborar con la investigación por un plazo de 6 meses, en el que no estará preso y se definirá si debe o no ser condenado.