Casi 14 años después del escandaloso negocio ilegal con camionetas robadas o mellizas y la venta de sus autopartes para aprovechar el rentable auge en la minería (en 2009 el alquiler de esos vehículos dejaba unos 30 millones), el resonante caso conocido como la "Mafia de las 4×4" cerró en la Justicia Federal con un juicio abreviado, que significó cinco condenas sin encierro para los implicados, como Guillermo Lucas Criscuolo (53), sindicado en su momento como supuesto líder de una asociación ilícita. Otros tres acusados accedieron a la probation (suspensión del juicio a prueba), incluido un oficial de la Policía Bonaerense, señalado como quien usaba su clave o se la facilitaba a Criscuolo para acceder a los datos sobre el estado de dominio de los vehículos que, luego, era adulterados con papeles y todo para introducirlos en el mercado.
Días atrás, el juez del Tribunal Oral Federal, Hugo Echegaray, aceptó la propuesta de juicio abreviado que le acercó el fiscal Francisco Maldonado y los cinco imputados con sus defensores.
Y los condenó a todos: Criscuolo y su hermano Roberto Antonio (67) recibieron 3 años de ejecución condicional por el delito de encubrimiento, y por falsificar y usar documentos falsos o adulterados.
Dos hombres de estrecha confianza de Criscuolo, el mecánico Gustavo Daniel Olmo (41) y Eduardo Galdeano Mut (52), recibieron 2 años por falsificar, alterar o suprimir un objeto registrado, como los números de motor y chasis de los vehículos.
Juan José Quinteros (42) también recibió 2 años en suspenso por encubrimiento. Era gerente de una empresa en quiebra, luego empleado de la firma "Semisur", y lo complicó la tenencia de al menos una camioneta con pedido de secuestro por robo de Mendoza, que fue hallada en la playa de estacionamiento de Barrick en Iglesia, según la investigación.
TRES PROBATION
Vicente Francisco Mancuso (55), sindicado como dueño de la empresa "Semisur". Quien era propietario de un hospedaje en Barreal, Calingasta, Mauricio Daniel Olivera (48). Y el oficial de la Policía de Buenos Aires, Darío Gastón González (47), acusado de facilitar la clave con la que Criscuolo accedía al estado de dominio de los vehículos usados en la maniobra, pudieron acceder a la probation.
El juez Echegaray admitió la propuesta de la Fiscalía y la Defensa para que el caso tuviera esa salida, más allá de que González sea funcionario público, pues se consideró que no cumplió un rol relevante en los delitos investigados.
A estos tres últimos se les suspendió el juicio por un año. También se les impuso trabajar cuatro horas semanales durante 6 meses en una institución de bien público. Y un pago simbólico como reparación por el daño causado: el policía y el empresario pagarán $250.000 en 10 cuotas. Y Olivera $200.000 en 20 cuotas, informaron fuentes judiciales.
EL ORIGEN
Todo estalló el 12 de julio de 2009, cuando policías de Robos y Hurtos hallaron una retroexcavadora que había sido robada en Mendoza en la bodega Ansilta, en Ullum. Fue toda una sorpresa, porque allí había camionetas robadas y un desarmadero con distintas autopartes y los elementos para alterar o modificar los números identificatorios, como los del chasis y motor.
Pronto, el caso se hizo público como la "Mafia de las 4×4", con vehículos abandonados y muchos más con anomalías secuestrados (casi 30). Con una demora de un poco más de un mes y medio para allanar la mina Veladero y luego la de Gualcamayo. Con un total de 21 sospechosos (a juicio sólo llegaron 8) y un principal cabecilla, Criscuolo, que batalló hasta conseguir la autorización judicial para declarar y seguir libre, lo que ocurrió 3 años y 8 meses después.
El caso también atravesó una puja entre un juez provincial y uno federal, hasta que un tribunal superior decidió que quedara en la Justicia Federal.
La hipótesis inicial fue sospechar que hubo una presunta asociación ilícita, pero al llegar a juicio esa teoría se hizo difícil de probar y al final Fiscalía accedió a modificar la calificación delictiva atribuida a los 8 sospechosos que debían ser enjuiciados, de los cuales sólo 5 terminaron con una condena.