La tarde del 20 de septiembre de 2018, el obrero se presentó en la casa de su suegra y le pidió a su pareja su hijo de 5 años con la excusa de que lo acompañara a comprar pintura. La mujer se opuso porque pretendía que el chico, igual que sus hermanitos, tomara la leche. Pero en un descuido el sujeto se llevó al niño, cada uno en su bicicleta. Tres horas después, regresó con el menor diciéndole a su mujer (estaba en casa de su mamá porque estaba a punto de dar a luz) que habían ido a una finca a juntar cebollas y el chico asintió esa versión, pero una nerviosa e incómoda mirada del menor hacia su padrastro, sembró la espina en la joven madre. Apenas el sujeto se fue, la mujer quiso sacarse la duda y entonces el niño le contó que era mentira eso de haber ido a una finca y que, en realidad, habían ido a su casa del barrio Valle Grande, Rawson, donde lo obligó a practicarle sexo oral mientras lo manoseaba.

Ofuscada, esa misma tarde la mujer llamó a la Policía y cerca de las 21 el changarín de 31 años (su apellido es Gorosito) quedó detenido a pesar de su férrea oposición a haber cometido semejante delito. La misma postura asumió el día que fue indagado y ensayó la excusa de que su mujer lo acusaba, molesta porque él le había sido infiel con una prima de ella y por eso él quería terminar la relación.

Los psicólogos que entrevistaron al menor, sin embargo, dijeron por ciertos los dichos del pequeño. Y desde entonces la situación del obrero quedó muy complicada, porque le atribuyeron un delito que se castiga con penas de entre 8 y 20 años de cárcel: un abuso sexual con acceso carnal (hay fallos que incluyen al sexo oral en esa definición) agravado por la situación de convivencia.

Y ese fue el delito que el acusado aceptó cuando firmó un acuerdo de juicio abreviado con el fiscal Fabrizio Médici, a través de su defensor oficial Daniel Ángel Montiel Zelco.

La jueza Silvina Rosso de Balanza (Sala III, Cámara Penal) escuchó por videollamada que Gorosito ratificó ese acuerdo, mostrándose dispuesto a recibir una condena de 10 años de cárcel. Si la jueza acepta el pacto, no podrá imponer un castigo mayor.