Tras la audiencia de formalización contra los efectivos imputados por la violenta detención ocurrida en Las Chacritas, solo uno de ellos cumplirá 15 días de prisión preventiva y los otros cuatro seguirán el proceso en libertad.
De izquierda a derecha: los policías Atencio, Ochoa, Ortiz, Saldaña y Páez.
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La Justicia avanzó con la investigación por la violenta detención ocurrida en la Comisaría 31°, en Las Chacritas, y resolvió imputar a cinco policías por distintos delitos. El juez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó la prisión preventiva para uno de los acusados, mientras que los otros cuatro continuarán el proceso bajo estrictas medidas de coerción.
El caso más comprometido es el del agente Hernán Ochoa, quien fue imputado por los delitos de apremios ilegales y lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público. Según la acusación del fiscal Iván Grassi, habría sido el autor material de la fractura del peroné de la pierna derecha sufrida por la víctima, Braian Pastén, durante el procedimiento.
Ante esa situación, Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo solicitaron que Ochoa permanezca detenido durante 15 días, al considerar que existe riesgo en la investigación. Argumentaron que, por su condición de policía, podría influir sobre los testigos, en su mayoría compañeros de la fuerza, en una etapa clave de la recolección de pruebas. El magistrado Caballero aceptó el planteo y ordenó la prisión preventiva.
En tanto, el cabo José Gabriel Páez y el agente Miguel Alejandro Saldaña fueron imputados por los delitos de vejaciones y apremios ilegales, al atribuirles una participación directa en los maltratos y en el arrastre de la víctima tras la fractura.
Por su parte, los agentes Lucas Ortiz y Fabián Atencio fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que, de acuerdo con la investigación, presenciaron las agresiones y no intervinieron para impedir que continuaran.
Respecto de estos cuatro últimos efectivos, el Ministerio Público Fiscal no solicitó la prisión preventiva, aunque sí pidió que permanezcan en libertad bajo una serie de medidas de coerción. Entre ellas, se dispuso la prohibición de entorpecer la investigación, la obligación de presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a sus domicilios, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y la imposibilidad de mantener contacto entre ellos o acercarse a la Comisaría 31ª.
Además, la Fiscalía requirió que, mientras se desarrolle la investigación penal preparatoria, los cuatro policías sean destinados a prestar funciones en una dependencia distinta a la Comisaría 31ª de Las Chacritas, con el objetivo de preservar la transparencia del proceso judicial.
Todo ocurrió el pasado 18 de julio. Según la denuncia el detenido ingresó a la comisaría caminando por sus propios medios y sin presentar lesiones visibles. Horas después apareció con una grave fractura en uno de sus tobillos, circunstancia que ahora busca esclarecer la Justicia.
Como parte de las medidas de prueba de Fiscalía, los investigadores solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la dependencia y de los alrededores. Las imágenes registradas por las mismas fueron contundentes y fueron el sustento para llevar el legajo a la formalización de la investigación por un año. Además, los instructores citarán a declarar a otros detenidos que compartían el calabozo con la víctima y efectivos que trabajan en la sede policial, cuyos testimonios serán clave para reconstruir lo ocurrido durante la permanencia del agredido en la seccional.
