José Alejandro Herrera, inspector de la Municipalidad de Calingasta, quedó formalmente investigado por fraude con en el cobro de tasas municipales.
José Alejandro Herrera, el empleado de la Municipalidad de Calingasta, en la mira de la Justicia.
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José Alejandro Herrera, un empleado administrativo de la Municipalidad de Calingasta que se desempeñaba como inspector de Rentas, quedó formalmente investigado por una presunta maniobra con fondos que debían ingresar a las arcas municipales. La denuncia apunta a que habría cobrado dinero a una contribuyente mediante una transferencia a su cuenta personal, en lugar de utilizar los canales oficiales de recaudación.
La audiencia de formalización se realizó ante el juez Mariano Carrera, con la intervención del fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Victoria Martín y la defensa oficial de César Oro. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el intendente Sebastián Alberto Carbajal, vinculada con presuntas irregularidades atribuidas al empleado.
Según el relato de la ayudante fiscal Martín, Herrera habría utilizado su función para cobrar tasas y derechos municipales sin que el dinero ingresara a las cuentas oficiales o a la caja de la comuna.
Uno de los elementos centrales de la causa es un comprobante de transferencia por $100.000 a una cuenta bancaria de Herrera, realizada el 30 de julio de 2026. La documentación incorporada también incluye una boleta de pago por el mismo importe, generada desde el sistema municipal con el usuario del empleado y que posteriormente apareció anulada.
Durante la investigación, distintos responsables de las áreas de Rentas y Tesorería señalaron que el dinero no había ingresado a las cuentas municipales. Además, se detectó que la boleta vinculada con el pago figuraba anulada en el sistema.
La Fiscalía también recogió el testimonio de una mujer de apellido Párraga, una contribuyente que alquila un puesto en la Plaza San Martín. Según su declaración, Herrera le habría cobrado en otra oportunidad $200.000, aunque en la boleta habría consignado $100.000. La mujer aportó un comprobante de la transferencia realizada al empleado.
Estos elementos forman parte de las pruebas que deberán analizarse durante la investigación para establecer cómo se realizaron los cobros y cuál fue el destino del dinero.
El juez Carrera dispuso formalizar la investigación penal preparatoria por seis meses. Durante ese período, Herrera deberá someterse al proceso y abstenerse de obstaculizar las medidas investigativas.
Además, ordenó comunicar la decisión a la Municipalidad de Calingasta para que el empleado sea asignado a tareas fuera de las oficinas de Rentas, tanto en las delegaciones como en las dependencias municipales donde se realizan esos trámites.
La defensa oficial no se opuso al plazo de investigación ni a las medidas solicitadas por la Fiscalía.
La causa busca determinar las responsabilidades del empleado por los presuntos hechos que perjudicaron tanto a la administración municipal como a la contribuyente. Herrera permanece investigado y su responsabilidad penal deberá establecerse a lo largo del proceso judicial.
