Durante la audiencia de formalización, el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi sostuvo que se modificaron exigencias técnicas de Obras Sanitarias para permitir que Krah participara y ganara una licitación.
La Fiscalía puso el foco en las condiciones técnicas que permitieron la participación de la empresa contratista en la obra del Acueducto Gran Tulum. Durante la audiencia de formalización de la investigación, el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi sostuvo que hubo un relajamiento de las exigencias de calidad para favorecer a la firma Krah, vinculada al fallecido Gustavo Monti, primo del senador Sergio Uñac.
En su exposición ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, el funcionario judicial describió una serie de decisiones administrativas que, según la hipótesis fiscal, habrían permitido modificar los requisitos que Obras Sanitarias exigía para la provisión de cañerías y otros materiales destinados a la obra.
Uno de los puntos centrales de su relato fue la decisión 1055/13, que modificó las condiciones de certificación que debían cumplir los materiales utilizados en las redes de agua y saneamiento de la provincia.
Gerarduzzi explicó que, hasta entonces, las cañerías debían contar con certificación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). Sin embargo, a partir de esa disposición se estableció que podían ingresar materiales con certificación de ese organismo o, alternativamente, con un certificado emitido por el propio fabricante.
Para el ayudante fiscal, ese cambio significó una flexibilización de los controles técnicos y de los requisitos de calidad. En su exposición, planteó que la modificación habría sido uno de los primeros pasos para que posteriormente la empresa Krah pudiera presentarse y ganar la licitación.
Otro de los aspectos destacados por Gerarduzzi fue la situación de la empresa frente a los organismos de certificación. Según indicó, Krah recién obtuvo su inscripción ante IRAM el 14 de mayo de 2024, y únicamente para fabricar tuberías destinadas a cloacas.
El funcionario explicó la diferencia entre una certificación de fábrica y una emitida por un organismo externo. Mientras que en el primer caso el fabricante declara que sus productos cumplen con las normas técnicas, en el segundo existe una entidad independiente que realiza auditorías y controles para verificar la calidad.
"Se buscó la salida para flexibilizar los requisitos técnicos y permitir el ingreso de una empresa que no contaba con la certificación que Obras Sanitarias venía requiriendo hasta ese momento", fue el planteo central de la exposición fiscal.
El ayudante fiscal también mencionó que, durante el proceso licitatorio, una empresa competidora había advertido que Krah no cumplía con las condiciones técnicas exigidas. A eso sumó los resultados de pruebas posteriores, en las que, según sostuvo, se detectaron fallas en los materiales.
De acuerdo con su relato, esos elementos demostrarían que las cañerías no tenían la calidad necesaria ni cumplían con los requisitos establecidos para el uso previsto en la obra.
Durante la audiencia, Gerarduzzi reconstruyó los antecedentes administrativos de la licitación y el recorrido del proyecto dentro de Obras Sanitarias.
Señaló que el diseño de referencia fue elaborado por el Departamento de Proyectos de Obras Nacionales e Internacionales, que estaba a cargo del arquitecto Rolando Vicente Caruso. El área había sido creada en enero de 2009 y tenía entre sus funciones elaborar, dirigir y controlar proyectos de agua y saneamiento en San Juan.
El proyecto fue elevado en noviembre de 2014 al entonces presidente de Obras Sanitarias, Cristian Andino, para su aprobación. En ese contexto, el ayudante fiscal mencionó las observaciones técnicas incorporadas al expediente, entre ellas la exigencia de certificaciones para las cañerías.
También recordó que cuando se dictó la decisión 1055/13, Sergio Uñac estaba a cargo de la Gobernación, debido a una inhabilidad temporal del entonces gobernador José Luis Gioja, según la documentación que citó durante la exposición.
La investigación busca establecer si esas decisiones administrativas formaron parte de un esquema para beneficiar a determinadas personas y a la empresa contratista.
La exposición de Gerarduzzi se produjo durante la audiencia de formalización de la investigación penal por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, que comenzó este martes en Tribunales.
Entre los presentes estuvieron el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, ambos investigados en la causa. Uñac manifestó que hablaría públicamente después de conocer los motivos de la investigación, mientras que Andino calificó el proceso como una cuestión "política" y aseguró que se presentó para ponerse a derecho.
Por su parte, el exministro de Obras Públicas Julio Ortiz Andino no asistió debido a que se encuentra de viaje en el exterior. La Fiscalía había solicitado que fuera declarado en rebeldía, pero la jueza Mónica Lucero rechazó el planteo.
La audiencia tuvo además algunos cruces entre las defensas y la magistrada por un pedido de reprogramación, que finalmente no prosperó. Luego de un cuarto intermedio por problemas técnicos, se retomó la exposición fiscal.
La hipótesis del Ministerio Público apunta a determinar si existió una trama de decisiones administrativas y vínculos entre funcionarios públicos y la empresa contratista que permitió flexibilizar controles y generar beneficios indebidos en una obra de infraestructura clave para San Juan.
