Los hermanos Marcó y Banega continuarán detenidos en sede de Comisaría 27°. La defensa que los asesora en el Caso Branka Motors solicitó la excarcelación.
Facundo Benega, Alexis y Jonathan Marcó.
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DIARIO DE CUYOTras una segunda audiencia en Tribunales por el Caso Branka Motors no hubo definiciones sobre el plazo de investigación ni tampoco si los tres dueños continuarán detenidos o quedarán en libertad durante ese proceso. La jueza Carolina Parra ordenó un cuarto intermedio y este miércoles 4 de marzo a las 13 horas dará a conocer su resolución.
Por el caso, la Justicia tiene en la mira a dos hermanos, Jonathan David Marcó y Alexis Javier Marcó y a su socio Facundo Agustín Benega Suvire. Los tres continuarán detenidos en sede de Comisaría 27° hasta que den a conocer su futuro procesal en la megacausa. El fiscal del caso, Guillermo Heredia, en representación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, solicitó una prisión preventiva de seis meses para los acusados y una investigación penal preparatoria de 12 meses.
Los abogados querellantes, en representación de parte de los 348 denunciantes, Mario Padilla, Juan Sait, Fabiana Salinas, Filomena Noriega y Ester Iragorre, entre otros, se adherieron al planteo de la fiscalía.
Por su parte el abogado de la defensa, José Tejada, solicitó una investigación de solo ocho meses, argumentado que la mayoría de las pruebas ya está en mano de la unidad fiscal y que solo faltaba recibir y analizar algunos informes, así como también tomar algunos testimonios. También solicitó la excarcelación de los hermanos Marcó y del socio Benega porque no existía peligro de fuga ya que tienen familia en la provincia y poseen arraigo.
Tras casi tres horas de audiencia, la jueza Parra no dio a conocer su resolución de inmediato sino que ordenó un cuarto intermedio para este miércoles 4 de marzo a las 13 horas cuando dará a conocer su decisión y lo que será el futuro procesal de los tres acusados, que seguramente quedarán imputados por estafa. Los Marcó y Benega pueden terminar en el Penal de Chimbas, con prisión domiciliaria o en libertad.
La magnitud del expediente es uno de los puntos centrales del proceso: se investigan 348 hechos con un perjuicio patrimonial que supera los 510 millones de pesos. Desde la Fiscalía subrayaron que el volumen de denuncias y la complejidad de la causa resultaron determinantes tanto para el avance de la investigación como para la decisión de solicitar las detenciones.
Respecto a una posible salida alternativa, Heredia confirmó que los imputados realizaron propuestas de reparación integral del daño. Sin embargo, fueron rechazadas por no reunir las condiciones necesarias para compensar adecuadamente a los damnificados. “No eran suficientes”, sintetizó el representante del Ministerio Público Fiscal.