El abogado Gustavo Zuleta sostuvo ante la Corte de Justicia de San Juan que hubo una valoración irrazonable de la prueba y falta de una revisión integral de la condena contra el policía Ricardo Rodríguez Garay.
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La defensa del policía Ricardo Dante Rodríguez Garay, condenado a prisión perpetua por el crimen del camionero riojano Federico Gastón Orihuela, volvió a plantear sus cuestionamientos ante la Corte de Justicia de San Juan. Este martes se realizó la audiencia por el recurso de casación presentado en diciembre de 2025, luego de que un Tribunal de Impugnaciones confirmara la condena.
El abogado Gustavo Zuleta sostuvo oralmente los argumentos de la defensa ante la Sala Segunda de la Corte, integrada por los ministros Guillermo De Sanctis, Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur. Según explicó, el planteo busca que se revoque la sentencia condenatoria o, en su defecto, que se modifique la calificación legal del hecho.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el denominado “doble conforme”, una garantía que establece que una persona condenada tiene derecho a que otro tribunal revise de manera integral la sentencia. La defensa considera que el Tribunal de Impugnaciones no realizó esa revisión con la profundidad necesaria.
“Entendemos que se han violentado algunas garantías constitucionales”, explicó Zuleta a DIARIO DE CUYO, quien sostuvo que el fallo de segunda instancia no tuvo una fundamentación autónoma y que dejó sin respuesta algunos de los argumentos planteados por la defensa.
Otro de los ejes del recurso está puesto en la valoración de la prueba producida durante el juicio. La defensa considera que algunos testimonios fueron utilizados para respaldar la condena, pero que se descartó la parte de esos mismos relatos que, según su interpretación, podía sostener que Rodríguez actuó en un exceso en el cumplimiento del deber, y no con intención directa de matar.
Rodríguez Garay fue condenado por homicidio agravado por haber sido cometido por un miembro de las fuerzas policiales abusando de su función, luego de disparar contra Orihuela durante una persecución ocurrida en Valle Fértil en febrero de 2024.
En diciembre de 2025, el Tribunal de Impugnaciones rechazó el planteo defensivo y confirmó la perpetua. Entre otros elementos, el tribunal había considerado acreditado que el policía realizó más de 30 disparos con tres armas, varios de ellos dirigidos hacia la cabina del camión y a corta distancia.
Ahora, la defensa sostiene ante el máximo tribunal provincial que hubo omisiones en la valoración de pruebas, falta de respuesta a planteos realizados durante la impugnación y una posible sentencia arbitraria.
Tras la audiencia, comienza la espera por la resolución. Zuleta explicó que la ley establece un plazo de 40 días hábiles para que la Corte resuelva, aunque aclaró que se trata de un plazo ordenatorio, es decir, que no obliga al tribunal a dictar sentencia indefectiblemente dentro de ese período.
Por eso, la decisión podría conocerse en las próximas semanas o demorarse más tiempo. Mientras tanto, la defensa mantiene abierta incluso la posibilidad de que los planteos sobre arbitrariedad permitan eventualmente acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
