El Tribunal Oral Federal de San Juan puso en marcha este jueves el debate oral y público que busca determinar la responsabilidad penal del abogado penalista Gustavo de la Fuente y del ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo en una causa por presunta trata de personas. El inicio de las audiencias representa la culminación de una compleja etapa de instrucción en los tribunales federales, en un caso que ha generado un fuerte impacto en el ámbito legal de la provincia debido al perfil del principal imputado.
La hipótesis que sostiene el Ministerio Público Fiscal apunta a que los acusados habrían articulado una red ilícita bajo el amparo de una estructura comercial denominada "Belle Argentina". Según la acusación, este espacio habría operado como una pantalla para desplegar maniobras de captación, traslado y acogimiento de mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad, con el objetivo de someterlas a una explotación que encuadra en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. En ese esquema, la pesquisa ubica a Quevedo como un socio estratégico del letrado sanjuanino.
De la Fuente afronta este juicio desde una condición de detención efectiva. Su defensa técnica, liderada por el abogado Fernando Castro, intentó a lo largo de la investigación previa obtener la excarcelación o morigeraciones a la prisión preventiva, pero todas las peticiones fueron sistemáticamente denegadas por las autoridades judiciales competentes.
El expediente fue elevado formalmente a juicio por el juez federal Leopoldo Rago Gallo una vez completadas las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía. Precisamente, uno de los pilares de la investigación, que contó con el soporte técnico y operativo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), es la declaración de un testigo encubierto. Esta figura procesal se perfila como el núcleo de la controversia entre las partes, dado que la defensa ha impugnado de manera reiterada su validez jurídica bajo el argumento de que vulnera las garantías constitucionales del debido proceso al limitar la posibilidad de confrontar la prueba de cargo.
Con la lectura de la acusación y las cuestiones preliminares resueltas en esta primera jornada, el tribunal abrirá el período de recepción de testimonios y exhibición de material probatorio, en un cronograma de audiencias que definirá el futuro procesal de ambos implicados.
