Una entrevista realizada en Radio Sarmiento al abogado defensor del adolescente acusado de un ataque armado en una escuela de San Cristóbal aportó nuevos detalles sobre la situación del menor y el avance de la causa. El letrado, Néstor Oroño, explicó que el joven se encuentra actualmente alojado en un instituto especial para menores en conflicto con la ley penal, conforme a la normativa vigente que impide su detención en establecimientos carcelarios comunes.
Según indicó, el contacto con el adolescente ha sido limitado y se dio principalmente a través de integrantes del equipo de defensa. En ese marco, describió al joven como una persona “introvertida y poco sociable”, que desde hace tiempo atraviesa una situación personal compleja, con pensamientos negativos y episodios de autolesión.
El abogado sostuvo que, al momento del hecho, el menor “no habría tenido plena conciencia de lo que estaba haciendo”, aunque actualmente estaría comenzando a dimensionar la gravedad de lo ocurrido. Este punto será clave en la investigación, ya que deberá ser determinado por peritos especializados en salud mental.
En relación con su situación judicial, Oroño remarcó que, de acuerdo con la legislación vigente, el adolescente no sería penalmente responsable por su edad. En ese sentido, adelantó que el foco estará puesto en establecer su estado psicológico y psiquiátrico para definir las medidas correspondientes, orientadas al tratamiento y no al castigo.
Respecto al entorno familiar, el defensor señaló que los padres estaban separados y que el joven vivía con su madre. Además, confirmó que el adolescente se encontraba bajo tratamiento psicológico previo al hecho, debido a conductas que habían generado preocupación en su entorno.
Sobre lo ocurrido en la escuela, el abogado indicó que no se trató de un ataque dirigido a una persona en particular, sino de un episodio generalizado. También aclaró que, por el momento, no existen elementos suficientes para confirmar una situación de bullying sistemático.
En cuanto a los próximos pasos, se espera la audiencia de formalización de cargos, donde se definirán las imputaciones y las medidas a seguir. Entre ellas, se contemplan pericias psicológicas, análisis de dispositivos electrónicos y la declaración de profesionales que trataban al menor.