18 de noviembre de 2026 - 21:56

Defraudación: dos mendocinos embargados por $40 millones por estafar a dos abogados sanjuaninos

La Justicia de San Juan procesó a Manuel Andrés Campoy y a su hijo Germán por defraudación y les ordenó un embargo mínimo de $40 millones. Según la resolución, vendieron toda la finca, incluida la fracción prometida a los abogados Jorge y Gerónimo Guevara, cuando ya les habían dado la posesión.

La Justicia penal de San Juan procesó sin prisión preventiva a dos mendocinos, padre e hijo, acusados de vender un campo de Calingasta que habían entregado en pago a sus propios abogados. Se trata de Manuel Andrés Campoy (76 años, abogado) y de Germán Campoy Rosenthal (51, licenciado en Administración). Ambos quedaron además embargados.

La resolución es del 6 de noviembre de 2026 y la firmó la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto (ex 3º Juzgado de Instrucción). Los acusa de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11 del Código Penal) en perjuicio de los abogados Jorge Alberto Guevara y Gerónimo Guevara March. Es una figura que castiga a quien vende, oculta o hace perder un bien que ya se había prometido a otro. Un procesamiento no es una condena: significa que el juez ve elementos suficientes para sospechar que hubo delito.

Cómo empezó todo

En 2014, los Campoy contrataron a los Guevara para pleitos societarios contra la empresa Forestal S.A. ante el Juzgado Comercial Especial. El convenio de honorarios, firmado el 7 de octubre de ese año, fijó el pago en cuatro hectáreas de una finca de Barreal, Calingasta, si los Campoy lograban quedarse con tierras de la sociedad. Había una alternativa: pagar un mínimo de U$S 25.000 dentro de los 180 días.

Los Campoy lo lograron. El 5 de noviembre de 2014, por escritura, Germán recibió por permuta el lote A, de unas 193 hectáreas, a cambio de sus acciones en Forestal. Un juez comercial homologó el convenio de honorarios en abril de 2015. Los Guevara dicen que nunca se ejerció la opción de pagar en dólares.

La entrega y la venta

El 26 de octubre de 2017, ante escribano, los Campoy entregaron a los abogados la posesión de las cuatro hectáreas. Quedaban pendientes la mensura, el fraccionamiento y la escrituración a nombre de los Guevara, a cargo de los clientes.

Esa escrituración nunca llegó. Según el Registro de la Propiedad, el 9 de octubre de 2019 se firmó la venta de toda la finca, incluidas las cuatro hectáreas, a María Inés Llorvandi. La presentación se registró el 11 de octubre.

Recién en diciembre de 2019 los abogados intimaron por carta notarial a los Campoy, en San Juan y en Mendoza, a cumplir en tres días. No hubo respuesta. En 2020 iniciaron la ejecución del convenio en el fuero comercial, y los Campoy plantearon una excepción para frenarla sin mencionar la venta ya inscripta. Fue rechazada en primera instancia en 2021 y confirmada por la Cámara de Apelaciones el 8 de febrero de 2024.

Qué dice el juez

Para la Justicia, la venta fue definitiva y con efecto frente a todos, y volvió imposible que los abogados reclamen esas hectáreas. Los Guevara quedaron con un derecho a recibir la fracción, que no pudieron convertir en un derecho sobre ella.

Germán Campoy declaró el 24 de septiembre de 2025 que nunca quiso incumplir. Dijo que ofreció pagar los U$S 25.000 en efectivo en diciembre de 2019 y que los abogados lo rechazaron, que la posesión era solo una garantía y que los Guevara sabían de la venta porque se hizo en una escribanía de su confianza. Ofreció además tasar el terreno y pagar su valor actual. Su padre se abstuvo de declarar.

El juez descartó esa defensa. Las inscripciones a nombre de Germán y la venta a Llorvandi son anteriores a las cartas de diciembre de 2019, y el pago de los abogados ya estaba logrado.

Qué se resolvió

El juez procesó a ambos por defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, dejó sin efecto la imputación de estafa procesal y el concurso real de delitos que habían planteado los denunciantes y ordenó un embargo sobre bienes de los procesados hasta cubrir al menos $40.000.000.

Los acusados pueden apelar y siguen amparados por la presunción de inocencia.

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