La joven fue entregada a cambio de dinero, trasladada a Santa Fe y sometida a explotación y violencia. La Justicia Federal confirmó las penas y descartó que las prácticas culturales justificaran los hechos.
Un matrimonio y su hijo quedaron condenados en una causa que la Justicia encuadró como trata de personas con fines de explotación.
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La Justicia confirmó las condenas contra un matrimonio y su hijo por someter a una adolescente de 13 años a una unión forzada y a explotación, en un caso que tuvo como escenario a San Juan. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las penas de 10 años de prisión para los tres acusados y sostuvo que ninguna práctica cultural puede justificar la vulneración de derechos fundamentales.
La resolución fue dictada este viernes y dejó firme el fallo del Tribunal Oral Federal de San Juan. En el expediente intervinieron la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara de Casación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Según se estableció durante el proceso, la adolescente fue captada en Neuquén entre marzo y abril de 2022, cuando tenía 13 años, mediante el pago de un denominado “precio dotal” de 825.000 pesos a su familia. El acuerdo matrimonial fue realizado con un joven de 20 años que, además, era su primo.
A partir de entonces, la menor quedó sometida a una convivencia forzada y a situaciones de violencia sexual en el marco del rito matrimonial. Durante ese período quedó embarazada en dos oportunidades: el primer embarazo terminó en un aborto espontáneo y en 2024 dio a luz a un hijo.
De acuerdo con la investigación, la adolescente fue llevada posteriormente a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024 bajo el control del grupo familiar.
Durante ese período, según los hechos acreditados en el expediente, la joven sufrió agresiones y era quemada con cigarrillos. También relató que era obligada a realizar venta ambulante y que no podía disponer del dinero que obtenía.
Las exigencias, según su testimonio, continuaban incluso cuando se encontraba enferma, embarazada o expuesta a condiciones climáticas adversas.
Uno de los momentos determinantes para la investigación ocurrió en Caucete, cuando la adolescente intentó escapar junto a su hijo en brazos. La situación fue advertida por una persona que se encontraba en una estación de servicio, quien realizó un llamado al 911.
La secuencia también quedó registrada por cámaras del sistema de monitoreo provincial. A partir de la denuncia, efectivos policiales interceptaron el vehículo y lograron rescatar a la joven.
Entre los elementos considerados durante el juicio estuvieron la declaración de la víctima en Cámara Gesell, testimonios de profesionales que participaron de su asistencia, un audio correspondiente a una llamada al 911 y documentación oficial, incluidos informes de ANSES y del Registro Civil.
En mayo de este año, el Tribunal Oral Federal de San Juan había condenado a los tres acusados a 10 años de prisión y establecido además una reparación económica de 75 millones de pesos para la joven.
La defensa apeló la sentencia, negó que hubiera existido una situación de explotación y sostuvo que la relación había sido voluntaria. También planteó que los hechos debían ser analizados a partir de prácticas culturales de las familias involucradas y cuestionó la valoración de la prueba y la indemnización.
Al analizar los planteos, el juez Daniel Petrone descartó los argumentos de la defensa y sostuvo que el tribunal de juicio había realizado una valoración integral de las pruebas.
El magistrado remarcó que la condena no se basó únicamente en el relato de la adolescente, sino en un conjunto de elementos que resultaron concordantes.
Además, rechazó que la pertenencia a una comunidad o la invocación de determinadas tradiciones pudiera eliminar la responsabilidad penal cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales.
En ese sentido, sostuvo que los usos y costumbres no constituyen un fundamento válido para evitar una responsabilidad penal.
Para la Justicia, la unión en cuestión fue un matrimonio infantil y forzoso, teniendo en cuenta que la víctima tenía 13 años, no contaba con la madurez suficiente y se encontraba en una situación de marcada vulnerabilidad.
Con la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, las condenas quedaron confirmadas y el caso adquirió firmeza en esa instancia.
