La mujer aseguró que nunca abandonó a su hija y cuestionó la decisión judicial. La niña tiene 11 años, presenta retraso madurativo y ya se abrió una convocatoria pública para encontrar una familia adoptiva.
El reclamo de una madre cuya hija de 11 años fue puesta en adopción por la Justicia.
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Una madre sanjuanina reclamó que la Justicia le permita recuperar el vínculo con su hija de 11 años, luego de que la menor fuera declarada en situación de adoptabilidad y el Poder Judicial de San Juan avanzara con una convocatoria pública para encontrar una familia que la adopte.
La mujer, cuyo nombre se preserva, sostuvo que nunca abandonó a la niña y que siempre se ocupó de sus controles médicos, su escolaridad y sus necesidades. Según relató a DIARIO DE CUYO, la situación se inició luego de que su hija mayor atravesara graves problemas de conducta y fuera ingresada a una residencia. A partir de ese momento, afirmó, también se dispuso una medida respecto de la menor.
La madre aseguró que trabaja como empleada doméstica, realiza empanadas los fines de semana para poder subsistir y además termina sus estudios secundarios para adultos.. A su vez, dijo que su marido, padre de la niña, trabaja como albañil.
También cuestionó que se haya impedido mantener un contacto regular con su hija: “Lo único que quiero es recuperar a mi hija, ella quiere estar conmigo”, planteó. La mujer señaló que se la quitaron hace tres años y que ahora su hija está mas grande y se da cuenta que no está con sus padres.
Según su versión, incluso existieron personas de su entorno que solicitaron la guarda de la niña y que ella intentó sostener el vínculo familiar. También afirmó que recurrió a distintas instancias judiciales para cuestionar las decisiones tomadas en el expediente, pero que sus planteos fueron rechazados.
Fuentes vinculadas al Juzgado de Familia explicaron que el caso de la nena de 11 años empezó con las medidas adoptadas por la Dirección de Niñez, que son medidas excepcionales de protección, destinadas a resguardar a niños y adolescentes cuando se considera que existe una situación que puede afectar su seguridad, sus derechos e incluso hasta su vida.
En estos casos, cumpliendo las pautas de la Ley Nacional 26.061, intervienen distintos organismos y equipos técnicos. El proceso puede pasar por Primera Instancia, la Cámara Civil y, eventualmente, la Corte de Justicia, según los recursos que se presenten. Y hay un factor fundamental, que es el de una asesora o asesor de menores, que representa los intereses del niño.
La declaración de adoptabilidad tampoco implica que un niño sea entregado directamente a una familia. Se trata de una decisión judicial que, una vez firme, permite avanzar con el proceso de adopción. Ante la consulta de este diario, fuentes calificadas indicaron que en este caso particular no pueden brindar detalles debido a la necesidad de preservar la identidad y los derechos de la menor.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (26.061) establece que el Estado debe garantizar sus derechos y adoptar medidas para protegerlos frente a situaciones de violencia, abuso, negligencia o vulneración de derechos. La norma reconoce a los menores como sujetos de derecho y obliga a priorizar su interés superior, es decir, que cualquier decisión que los involucre debe buscar principalmente su bienestar y protección.
El caso tomó mayor dimensión después de que el pasado 10 de agosto el Poder Judicial de San Juan publicara una convocatoria para encontrar una familia para la niña, que presenta retraso madurativo.
Hasta el 13 de agosto, el Registro Único de Adopción había recibido 49 postulaciones, incluso de personas de departamentos alejados y de dos familias de otras provincias. Las entrevistas ya comenzaron y el Registro deberá elevar un informe a la jueza de Familia Marianela López, quien tiene a su cargo la causa.
La madre, mientras tanto, insiste en su reclamo: sostiene que su hija quiere mantener el vínculo con sus padres y pide una nueva oportunidad para recuperar la relación familiar.
