La Justicia federal de Rosario dictó el procesamiento de una obstetra de 88 años, identificada como D.E.V. y popularmente conocida como “Dolly”, en el marco de una causa penal que investiga la supresión de identidad y la alteración del estado civil de un hombre nacido en septiembre de 1978. La resolución, adoptada por el juez federal Carlos Vera Barros, incluye además un embargo preventivo sobre los bienes de la imputada hasta cubrir la suma de diez millones de pesos, una medida cautelar destinada a garantizar las responsabilidades patrimoniales derivadas del proceso judicial.
El expediente se originó tras la denuncia formal presentada por un damnificado de 48 años, quien descubrió que había sido entregado ilegalmente a un matrimonio cuando era un recién nacido y que su filiación biológica había sido fraguada mediante la confección de documentación oficial con datos falsos.
A partir de la instrucción delegada en la fiscal federal Soledad García y en los fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, la investigación judicial logró reconstruir el mecanismo mediante el cual operaba la profesional. A la imputada se le atribuye haber confeccionado y firmado declaraciones mendaces en el acta de nacimiento labrada el 9 de septiembre de 1978, certificando falsamente en su carácter de obstetra que los integrantes de un matrimonio ya fallecido eran los progenitores biológicos del niño, un instrumento público que posteriormente fue utilizado para tramitar el Documento Nacional de Identidad.
El magistrado consideró acreditada la materialidad de los hechos a partir de un riguroso cúmulo probatorio, entre el que sobresale un estudio de ADN realizado por el denunciante en 2014, cuyos resultados científicos descartaron de manera categórica cualquier vínculo genético con quienes figuraban legalmente como sus padres.
La causa también incorporó valiosos testimonios de allegados y vecinos que aportaron detalles sobre las circunstancias irregulares que rodearon la incorporación del bebé al núcleo familiar en aquella época. Una de las testigos recordó que la llegada del niño fue sumamente repentina y que nunca observó a la mujer en estado de gestación, mientras que otra allegada relató que un médico vinculado al caso le confeso abiertamente haber sido quien facilitó el traslado del recién nacido desde un centro de salud.
Asimismo, el expediente sumó informes remitidos por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, los cuales pusieron de relieve otras situaciones análogas y advertencias sobre partidas de nacimiento firmadas por la misma obstetra, lo que derivó en la apertura de una investigación independiente bajo el sistema acusatorio que la investiga por maniobras similares en perjuicio de al menos otras cuatro personas nacidas entre 1968 y 1980.
Durante un procedimiento de allanamiento concretado en febrero en el domicilio de la acusada, personal judicial secuestró elementos de interés directo para la causa, tales como certificados de nacido vivo en blanco, sellos y talonarios de recetas, además de su título profesional obtenido en 1958. Al resolver su situación procesal tras prestar declaración indagatoria, el juez Vera Barros remarcó que la imputada aprovechó su posición y su acceso a documentación oficial en instituciones públicas para consumar la falsificación de nacimientos y alterar el origen de los menores.
En consecuencia, la Justicia la encontró prima facie autora responsable de los delitos de supresión y alteración del estado civil de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumento público, mientras continúan profundizándose las líneas de investigación sobre el entramado de sustitución de identidad en la región.
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