Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial acusado de fraude en el Registro Inmobiliario, fue internado en el Hospital Marcial Quiroga por orden judicial tras una junta médica.
El empleado judicial, Juan Cruz Marinelli, trabajó en el Registro Inmobiliario hasta que cayó por presunto fraude. Luego fue trasladado a una defensoría oficial. Nunca perdió su trabajo en el Poder Judicial.
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Juan Cruz Marinelli nunca fue echado del Poder Judicial y puede trabajar según informes médicos realizados en la misma Justicia.
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El juicio oral contra Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial acusado de cometer fraude en el Registro Inmobiliario de San Juan, quedó en suspenso luego de que una junta médica recomendara su internación para estabilizar un cuadro de salud que, según la defensa, le impediría afrontar el proceso judicial.
Marinelli, quien trabajó en el Registro Inmobiliario hasta que fue investigado por presuntos cobros ilegales y luego fue trasladado a una defensoría oficial, nunca perdió su cargo dentro del Poder Judicial. Actualmente enfrenta una acusación por fraude en perjuicio de la administración pública, delito que prevé penas de hasta seis años de prisión.
El proceso ya había comenzado con tensión. En la primera audiencia, el imputado no se presentó al juicio y envió, a través de su defensor oficial César Oro, un certificado médico laboral para justificar su ausencia. Ante esa situación, el fiscal Francisco Nicolía solicitó su inmediata detención y declaración de rebeldía. Sin embargo, el juez Diego Manuel Sanz ordenó un cuarto intermedio y exigió que Marinelli compareciera personalmente, por lo que finalmente llegó a la Sala 2 y se presentó en la audiencia.
Durante esa jornada, la defensa volvió a insistir con un planteo que ya había sido rechazado anteriormente por la jueza de Garantías Gema Guerrero: sostienen que Marinelli presenta una incapacidad mental sobreviniente, contemplada en el artículo 129, que lo inhabilitaría para enfrentar el juicio. Bajo ese argumento, César Oro pidió una junta médica interdisciplinaria para determinar si el acusado tiene capacidad mental suficiente para continuar en el debate.
Este viernes, con los nuevos informes médicos incorporados al expediente, la defensa y fiscalía solicitaron la comparecencia de los profesionales que realizaron esos estudios al considerar que existían contradicciones en sus conclusiones. Tras escuchar a los médicos, pidieron formalmente la internación de Marinelli en el Hospital Marcial Quiroga, también mencionado durante la audiencia como Ciudadano Marinelli, con el objetivo de estabilizar su cuadro clínico.
El imputado Marinelli no prestaba colaboración para someterse a esta internación, por este motivo, el fiscal Nicolía puso más énfasis en el pedido de internación.
El juez hizo lugar al planteo y ordenó su internación hasta el próximo 8 de mayo. Además, dispuso un cuarto intermedio hasta el 11 de mayo, fecha en la que se evaluará si el imputado está en condiciones de retomar el juicio oral.
Según explicaron los profesionales intervinientes, una vez estabilizado y con la medicación correspondiente, Marinelli podría estar en condiciones de participar del debate. Desde la defensa evitaron brindar mayores detalles sobre la patología puntual, aunque remarcaron que no necesariamente afecta su vida diaria, pero sí requiere un estricto cumplimiento del tratamiento.
Ahora serán tanto los médicos que participaron de la junta médica como los profesionales tratantes quienes deberán emitir un nuevo informe para determinar si puede continuar en juicio.
Desde la Fiscalía, Nicolía mantiene su postura de que estas maniobras buscan dilatar el proceso y pidió que las pericias se realicen con rapidez para evitar que la causa quede paralizada.
La investigación sostiene que Marinelli aprovechaba su función en el Registro Inmobiliario para cobrar en efectivo trámites vinculados al llamado “Formulario Verde”, relacionado con la nomenclatura catastral, pese a que ese organismo no recibe dinero en efectivo y todos los pagos deben realizarse de forma electrónica.
La maniobra salió a la luz cuando una usuaria regresó a la oficina asegurando que ya había pagado 5.000 pesos en efectivo directamente a Marinelli. A partir de esa denuncia, se realizó un allanamiento en su lugar de trabajo y los investigadores encontraron trece formularios descartados en un basurero, una prueba que terminó consolidando la acusación en su contra.
Si el juicio no puede reanudarse dentro del plazo legal de 15 días de suspensión, el debate deberá ser anulado, se designará un nuevo juez y todo el proceso deberá comenzar nuevamente desde cero.