El fiscal Roberto Ginsberg reveló cuál fue el primer indicio que despertó sospechas en la causa por las computadoras compradas para la Policía de San Juan. La pericia posterior confirmó nuevas irregularidades y cinco personas ya fueron imputadas.
Juan José González, Juan José Valverde, Jorge Eduardo Santoni y Enzo Ariel Fava, cuatro de los cinco imputados.
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La investigación por el presunto fraude en la compra de 150 computadoras destinadas a la Policía de San Juan durante la gestión anterior tuvo un punto de inflexión cuando apareció un dato que, según el fiscal Roberto Ginsberg, llamó inmediatamente la atención de los investigadores y terminó profundizando la pesquisa.
Durante una rueda de prensa, el fiscal explicó que la causa ya fue formalizada y que actualmente cinco personas están imputadas: tres policías que integraban la comisión de recepción del equipamiento, un ingeniero que trabajaba en la Secretaría de Seguridad y la representante de la empresa proveedora SCH Emprendimientos SAS.
Todos enfrentan una investigación por el presunto delito de fraude en perjuicio de la administración pública, mientras que los funcionarios policiales también fueron acusados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Justicia concedió un plazo de un año de investigación penal preparatoria para avanzar con la producción de pruebas.
Ginsberg recordó que en julio de 2025, la apoderada de la empresa presentó espontáneamente una nota informando que las 150 computadoras se encontraban guardadas en un depósito ubicado en Capital.
Sin embargo, lo primero que encendió las alarmas fue que ese depósito no pertenecía a SCH Emprendimientos, la firma que había vendido el equipamiento al Estado, sino a otra empresa completamente distinta.
"Lo primero que llamó la atención es que pertenecía a otra firma distinta a SCH Emprendimientos", señaló el fiscal al explicar cómo comenzó una nueva etapa de la investigación.
A partir de esa información, la Fiscalía solicitó un allanamiento, secuestró el material encontrado y ordenó una pericia informática sobre los equipos.
Según explicó Ginsberg, los investigadores comprobaron que la cantidad de computadoras coincidía con las 150 adquiridas, pero el análisis técnico reveló una situación aún más comprometida.
La pericia concluyó que los equipos no cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en la contratación realizada en 2023 con fondos nacionales. Es decir, no eran las computadoras de alta gama que el Estado había pagado.
La investigación también determinó que algunas de las impresoras eran usadas, mientras que el equipamiento secuestrado presentaba características muy inferiores a las previstas en el pliego de la contratación.
La causa investiga una compra autorizada mediante el Decreto 593/2023, durante la gestión de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, por un monto cercano a 90 millones de pesos, financiados con fondos nacionales destinados al fortalecimiento tecnológico de la fuerza.
Los imputados son los policías Juan José González, Juan José Valverde y Jorge Eduardo Santoni, el ingeniero Enzo Ariel Fava y la empresaria María de Lourdes Quiroga Coll, titular de SCH Emprendimientos SAS.
De acuerdo con la acusación fiscal, la comisión de recepción certificó que el equipamiento había sido entregado, lo que permitió que la Provincia concretara el pago completo de la operación. Sin embargo, la investigación sostiene que los bienes nunca ingresaron al patrimonio de la Policía ni fueron distribuidos en las dependencias como se había informado oficialmente.
Ahora, con un año por delante de investigación penal preparatoria, la Fiscalía buscará determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados en una maniobra que habría ocasionado un importante perjuicio económico al Estado provincial.