El juez Juan Gabriel Meglioli desestimó el pedido de extinción de la acción penal solicitado por las defensas. La causa investiga una maniobra millonaria con la carga de combustible que involucra a un exchofer del Ministerio y a seis playeros de una estación de servicio.
Un duro revés judicial sufrieron los implicados en la causa que investiga un presunto fraude millonario en perjuicio del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia. La Justicia de San Juan rechazó formalmente el pedido de sobreseimiento presentado por las defensas técnicas de los acusados y ordenó al Ministerio Público Fiscal (MPF) que presente la acusación para avanzar de manera definitiva hacia el juicio oral.
La resolución estuvo a cargo del juez de Garantías Juan Gabriel Meglioli, quien desestimó el planteo de extinción de la acción penal promovido por los abogados defensores. En el mismo fallo, el magistrado intimó a la UFI Delitos Especiales a formalizar la acusación en un plazo perentorio de 24 horas.
La causa tiene como principal investigado a Matías López, un excomisionado y chofer de vehículos oficiales de la cartera de Turismo, a quien se le atribuye la articulación de maniobras irregulares vinculadas al expendio de combustible y a la posterior facturación destinada al Estado provincial.
Junto a López se encuentran imputados seis playeros de una estación de servicio: Walter Rojas Enrique, Hugo Alberto Pérez, José Gabriel Cabrera, Leandro Adrián Menéndez, Claudio Alejandro Díaz y Gabriel Antonio Rosales Tulián. Según la investigación iniciada el 16 de agosto de 2023 y formalizada en noviembre de ese mismo año, el engranaje entre el chofer y los trabajadores del surtidor habría generado un perjuicio económico estimado en más de $5.000.000.
Durante la audiencia, los defensores solicitaron el cierre definitivo del caso alegando el vencimiento del plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Sin embargo, el fiscal Dr. Francisco Nicolía rechazó de plano el planteo y sostuvo que el vencimiento de dichos términos no implica la extinción automática de la acción penal, amparándose en los artículos 62 y 63 del Código Penal (referidos a la prescripción) y en el artículo 353 del Código Procesal Penal provincial.
Para fundamentar la demora, el representante del Ministerio Público Fiscal reveló la magnitud del expediente: la pieza acusatoria ya redactada contempla un total de 268 hechos delictivos, lo que da cuenta de la complejidad y extensión del entramado bajo investigación. Nicolía confirmó además que el escrito acusatorio ya había sido derivado a la Fiscalía de Estado para su correspondiente revisión.
Por su parte, la Fiscalía de Estado, que interviene en el proceso como parte querellante para resguardar las arcas públicas, adhirió plenamente a la postura de la Fiscalía. En su exposición, remarcó que las defensas incurrieron en una confusión conceptual al equiparar la extinción de la acción penal y la prescripción con el mero vencimiento de los plazos de la IPP, el cual cuenta con un mecanismo legal específico de intimación.
Tras escuchar las exposiciones, el juez Meglioli desestimó la excepción de la defensa y, teniendo en cuenta que la documentación acusatoria ya se encuentra en manos de la querella, fijó el plazo límite de 24 horas para la presentación formal de los cargos.
