La Justicia otorgó un año de investigación penal preparatoria en el caso de los equipos informáticos adquiridos con fondos nacionales que nunca llegaron a destino y fueron hallados en un depósito.
Juan José González, Juan José Valverde, Jorge Eduardo Santoni y Enzo Ariel Fava, cuatro de los cinco imputados. La quinta, una mujer, ex proveedora del Estado, estuvo en la audiencia de forma virtual.
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Cinco personas fueron imputadas este viernes en el marco de la causa por la compra de 150 computadoras destinadas a la Policía de San Juan, que habían sido adquiridas con fondos nacionales en 2023 pero nunca llegaron a su destino y luego fueron halladas dos años después en un depósito privado de la Capital. Entre los acusados hay tres policías, un ingeniero electromecánico y una proveedora del Estado, quien participó de la audiencia de forma virtual por cursar un embarazo de riesgo.
Se trata del caso que fue eje mediático el año pasado cuando el ex tesorero de la Policía, Oscar Vanetti, denunció ante Control de Gestión que faltaban 150 computadoras y hacía responsable al ex jefe de la fuerza provincial, Walter Martínez. Actualmente existe una demanda civil por daños y perjuicios del ex funcionario contra quien fue condenado y echado por fraude durante su gestión.
Cabe destacar que la denuncia por la falta de las computadoras fue interpuesta por Martínez, según consta en el legajo. El ex jefe de la Policía de San Juan hizo la denuncia y mencionó que fue con el fin de aclarar y ventilar las exposiciones públicas y mediáticas que hacía Vanetti.
La Justicia dispuso un año de investigación penal preparatoria en una causa que atravesó meses de conflicto de competencia entre el fuero provincial y el federal, hasta que la Corte Suprema resolvió que debía intervenir la Justicia de San Juan por tratarse de fondos nacionales ejecutados en la provincia.
Según expuso la Fiscalía, con el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia a la cabeza, la investigación apunta a una contratación directa aprobada mediante el Decreto 593/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, durante la gestión de Carlos Munizasa, en el año 2023. La operación, financiada con fondos enviados por el Gobierno nacional dentro de un plan de fortalecimiento tecnológico y operativo, tuvo un costo total de 90 millones de pesos.
La compra fue a la firma SCH Emprendimientos SAS, cuya titular es María De Lourdes Quiroga Coll, de 37 años, contemplaba 150 computadoras de alta gama, 20 impresoras y 10 tablets con especificaciones técnicas precisas. Sin embargo, para los investigadores, los equipos nunca fueron entregados a las dependencias policiales como se certificó oficialmente.
De acuerdo con la acusación, el 1 de junio de 2023 la empresa presentó la factura y el remito correspondientes, documentos que fueron firmados por la comisión de recepción integrada por el subcomisario Juan José Valverde, de 43 años, el comisario Juan José González, de 47 años, y el comisario mayor retirado Jorge Eduardo Santoni, de 51 años. Esa certificación permitió que la Provincia realizara tres pagos durante junio de ese año, completando el desembolso de los $90 millones.
La Fiscalía sostuvo que la certificación fue falsa al igual que el inventario realizado por el ingeniero Enzo Ariel Fava, de 36 años, encargado del sistema integral informático de la Secretaría de Seguridad en ese momento, ya que los bienes no habían sido incorporados al patrimonio estatal ni distribuidos entre las distintas dependencias policiales, pese a que posteriormente se informó a Nación que el equipamiento ya había sido entregado.
El caso tomó un giro en febrero de 2024, cuando el entonces jefe de la Policía, comisario general Eduardo Lirola, ordenó una investigación administrativa para verificar el destino del equipamiento adquirido.
Según la pesquisa, ninguno de los equipos figuraba en funcionamiento ni había sido entregado a las comisarías donde supuestamente habían sido distribuidos.
Meses después, la representante de la empresa, Quiroga Coll, informó al Tribunal de Cuentas que los bienes permanecían almacenados en un depósito privado, en Capital. Una inspección confirmó la existencia de cajas con computadoras e impresoras, lo que derivó en un allanamiento y el secuestro judicial del material.
Posteriormente, una pericia informática concluyó que, si bien coincidía la cantidad de equipos comprados, ninguno cumplía con las características técnicas exigidas en la contratación. Los investigadores sostienen que los productos eran de una calidad considerablemente inferior a la abonada por el Estado. Un ejemplo, las impresoras eran usadas.
Con estos elementos, la Fiscalía imputó a María de Lourdes Quiroga como presunta autora del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública.
En tanto, a Juan José González, Juan José Valverde, Jorge Santoni y Enzo Ariel Fava fueron imputados provisoriamente por defraudación en perjuicio de la Administración Pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal, al considerar que con la certificación de recepción habrían permitido concretar el pago de la millonaria contratación pese a que los bienes no habían sido efectivamente entregados ni cumplían con las condiciones pactadas.
La investigación continuará ahora con la producción de nuevas pruebas para determinar la responsabilidad de cada uno de los imputados en la presunta maniobra que habría ocasionado un importante perjuicio económico a la Provincia de San Juan.
Ante la jueza Flavia Allende los imputados debieron responder diferentes preguntas para tener un registro sobre su persona, aunque se abstuvieron de declarar. Fava aseguró que actualmente trabajaba en la Municipalidad de Rawson y de forma particular, en tanto Santoni, que se había retirado de la Policía este año. Por su parte, Valverde dijo estar cumpliendo funciones en Bomberos y González en la Subcomisaría Buenaventura Luna.
Por último, Quiroga Coll señaló que actualmente es ama de casa y hace dos años dejó de ser proveedora del Estado.
Algunos abogados de la defensa de los imputados hicieron reservas para impugnar algunas medidas periciales, argumentando que no fueron notificados de las mismas. También solicitaron conocer el expediente de la investigación que hay en contra de sus clientes.