La Justicia otorgó un año de investigación penal preparatoria en el caso de los equipos informáticos adquiridos con fondos nacionales que nunca llegaron a destino y fueron hallados en un depósito.
Cinco personas fueron imputadas este viernes en el marco de la causa por la compra de 150 computadoras destinadas a la Policía de San Juan, que habían sido adquiridas con fondos nacionales en 2023 pero nunca llegaron a su destino y luego fueron halladas en un depósito privado de la Capital. Entre los acusados hay tres policías, un ingeniero electromecánico y una proveedora del Estado, quien participa de las audiencias de forma virtual por cursar un embarazo de riesgo.
La Justicia dispuso un año de investigación penal preparatoria en una causa que atravesó meses de conflicto de competencia entre el fuero provincial y el federal, hasta que la Corte Suprema resolvió que debía intervenir la Justicia de San Juan por tratarse de fondos nacionales ejecutados en la provincia.
Los imputados son el ingeniero Enzo Ariel Fava, de 36 años, sin antecedentes y residente en Rawson; el comisario mayor retirado Jorge Santoro, de 51 años; el subcomisario Juan José Valverde, de 43 años, integrante del área de Bomberos de la Policía; el comisario Juan José González, de 47 años, en funciones en la Subcomisaría Buenaventura Luna; y la proveedora María Lourdes Quiroga Coll, de 37 años, ama de casa, señalada en la causa y sin antecedentes penales.
Según la investigación, el Gobierno nacional adjudicó una compra tecnológica a la firma SCH Emprendimientos por unos 90 millones de pesos para equipamiento informático y de impresión destinado a la fuerza policial. Sin embargo, tras el pago y la supuesta entrega, los equipos nunca fueron distribuidos ni utilizados, lo que encendió las alertas sobre un posible desvío de fondos públicos.
Posteriormente, los dispositivos fueron encontrados en un depósito privado, embalados y en su estado original, en un procedimiento realizado por la UFI Delitos Especiales el 1 de agosto de 2025 en la zona de Capital. El hallazgo confirmó que el material existía, aunque no había sido puesto en funcionamiento ni entregado oficialmente.
Más grave aún fue el caso, cuando los peritos informáticos encontraron que las computadoras eran de menor calidad a las solicitadas. Por otro lado, la compra estaba destinada a adquirir 20 impresoras. Las encontradas en el depósito eran usadas, según la investigación.