Una situación tan llamativa como delicada salió a la luz en las últimas horas en la previa de un juicio oral que comenzará el próximo 16 de julio en San Juan. El reconocido abogado Jorge Gil, quien había quedado como único defensor de un acusado que será juzgado por abuso sexual, se encontraba inhabilitado para ejercer la profesión por falta de pago de la matrícula profesional.
La irregularidad fue expuesta por el Ministerio Público Fiscal durante una audiencia realizada antes del inicio del debate oral contra Juan Pablo Muñoz, que llega a juicio por abuso sexual con acceso carnal.
Gil arrastra la inhabilitación de su matricula desde el 2024, según el reporte. Los abogados deben abonar una suma de $20.000 por mes para mantener su matricula, algo que el profesional no estaba haciendo.
El juicio está previsto para comenzar el 16 de julio a las 8 y se extendería durante al menos dos semanas ante un tribunal colegiado integrado por tres jueces.
Según explicó la fiscal Claudia Ruíz Carignano, de la UFI CAVIG, ante el juez Guillermo Adárvez, la investigación se inició el 10 de septiembre de 2025 y, desde entonces, la defensa del imputado estuvo a cargo de distintos profesionales. Inicialmente intervino el abogado José Manuel Beltrán, y la doctora Fabiana Salinas, mientras que Jorge Gil participaba como asistente de la defensa.
Con el avance del proceso, Beltrán renunció a la representación legal del acusado, asi como también Salinas y la defensa quedó exclusivamente en manos de Gil. Sin embargo, cuando se acercaba la fecha del juicio, surgió un problema inesperado.
A partir de esa situación, Fiscalía realizó consultas ante el Foro de Abogados de San Juan y detectó que Jorge Gil, figuraba inhabilitado para ejercer la profesión.
De acuerdo con la información remitida por la institución profesional, la inhabilitación se debía a la falta de pago de la matrícula. La situación fue informada oficialmente al Ministerio Público Fiscal, que planteó la necesidad de resolver el inconveniente antes del comienzo del debate para evitar una posible afectación al derecho de defensa del imputado.
Desde Fiscalía recordaron que la Ley Provincial 127-A y su modificatoria 2460-A establecen que ningún abogado puede intervenir en procedimientos administrativos o judiciales sin encontrarse debidamente habilitado para el ejercicio profesional.
Además, remarcaron que tanto las autoridades administrativas como judiciales tienen la obligación de verificar esa condición y que la falta de control puede derivar en responsabilidades y sanciones.
Por ese motivo, el Ministerio Público solicitó que la situación sea regularizada antes del inicio del juicio, ya sea mediante la designación de un nuevo defensor o a través de la rehabilitación profesional de Gil, siempre que cumpliera con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
Ante esto el juez Adárvez le dio la palabra a Gil, quien respondió: "Mañana pago". Ante esto el juez dispuso un cuarto intermedio hasta este viernes a las 9, cuando se verá si se regularizó la situación.
La revelación generó sorpresa en ámbitos judiciales, especialmente porque no es la primera vez que Jorge Gil queda envuelto en una situación polémica vinculada al ejercicio profesional, sea como abogado o como médico.