El Tribunal Oral Federal se encamina a juzgar una de las causas más complejas de los últimos años en San Juan. En el banquillo de los acusados se encuentran el abogado Gustavo Antonio de la Fuente y su socio colombiano, John Sebastián Quevedo Medina, señalados como los máximos responsables de una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres bajo la fachada de una agencia de modelos webcam denominada Belle Argentina. La misma tuvo como víctimas a unas 37 mujeres, una traída de La Rioja a San Juan, bajo engaño.
Captación y vulnerabilidad: el corazón de la acusación
Según las pruebas recolectadas, la organización utilizaba ofertas laborales engañosas para atraer a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad económica y social. Las víctimas, muchas de ellas madres solas o sin empleo, accedían a la agencia por "desesperación" y terminaban atrapadas en un sistema de explotación estructurado, según la denuncia.
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Registro del operativo de Gendarmería Nacional.
A De la Fuente se lo acusa de utilizar su estudio jurídico y propiedades personales en el Consorcio San Ignacio para coordinar estas actividades. Según la investigación, el abogado convocaba a mujeres con el pretexto de almuerzos o cenas para luego ofrecerles dinero a cambio de servicios sexuales y proponerles integrarse a un grupo de prostitución denominado "VIP". Por su parte, Quevedo Medina es señalado como el administrador de la firma Belle Argentina, que mantenía vínculos operativos con Colombia y Estados Unidos.
Condiciones infrahumanas y multas
El relato de las víctimas ante la justicia describe un entorno de trabajo degradante. Las mujeres eran obligadas a realizar actos sexuales no consentidos frente a cámaras, cumpliendo jornadas extensas en instalaciones que carecían de calefacción y agua caliente, incluso estando enfermas.
La organización imponía un estricto control a través de un sistema de multas en el que habían penalizaciones económicas por llegadas tarde o inasistencias; una retención de ganancias, aunque se les prometía el 50% de lo generado en dólares, solo recibían un porcentaje reducido en pesos tras arbitrarias deducciones; un control de la privacidad, en el que los directivos tenían acceso exclusivo al material original de los videos, los cuales muchas veces terminaban filtrados en sitios web sin el consentimiento de las modelos y descuentos del pago si las mujeres consumían en el drugstore del cual era dueño el socio colombiano de Gustavo de la Fuente.
Un negocio millonario con alcance internacional
La dimensión económica del caso es alarmante. Se estima que en un periodo de dos años, la organización generó ingresos de casi 300 millones de pesos mediante el uso de plataformas como Camsoda, Cam4 y Strip Chat. Los pagos se gestionaban a través de criptoactivos y billeteras virtuales para intentar evadir los controles fiscales.
Además, la acusación incluye el presunto traslado internacional de mujeres. Se investiga el caso de una exmonitora argentina (identificada como MMQ) que habría sido enviada a Colombia debido a su alto rendimiento económico para la empresa, sin que se registrara su reingreso al país.
El juicio en el Tribunal Oral Federal deberá determinar la responsabilidad penal de De la Fuente, Quevedo Medina y otros colaboradores en esta red que, según la fiscalía, redujo a las víctimas a una "condición de bien material", vulnerando su autonomía y dignidad humana.
