La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la investigación por presunto lavado de activos debe continuar en el juzgado federal de Adrián González Charvay.
La causa por la casaquinta de Pilar que se sospecha sería de testaferros de la AFA volvió al fuero federal por orden de la Cámara de Casación
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La investigación por la casaquinta de Pilar valuada en US$17 millones, que quedó bajo la lupa por una denuncia de presunto lavado de activos y por el supuesto uso de testaferros vinculados a dirigentes de la AFA, volverá a la Justicia Federal de Campana. Así lo resolvió este viernes la Cámara Federal de Casación Penal, que determinó que el expediente debe continuar en el juzgado de Adrián González Charvay.
La decisión fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que Alejandro Slokar votó en disidencia. El magistrado consideró que el recurso debía ser declarado inadmisible por cuestiones formales, aunque coincidió con sus colegas en que el delito de lavado de activos corresponde al fuero federal y no a la Justicia Penal Económica.
En un fallo de 83 carillas, Casación ordenó que el expediente sea enviado a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, sin demoras, lo remita nuevamente al Juzgado Federal de Campana, que había intervenido inicialmente en la investigación.
Los magistrados fundamentaron la decisión en la garantía constitucional del juez natural y en la necesidad de asegurar una “buena y pronta administración de justicia”. Para el tribunal, por la naturaleza de los hechos investigados se configura, en principio, el delito de lavado de activos, cuya investigación corresponde a la Justicia Federal.
La resolución también dejó en claro que el regreso del expediente a Campana no implica comenzar nuevamente la investigación. Casación sostuvo que no deben retrotraerse etapas ya cumplidas, ni desvirtuarse las medidas de prueba realizadas o pendientes. Además, convalidó lo actuado hasta el momento y ordenó que la pesquisa continúe.
Uno de los principales argumentos del fallo fue que el fuero Penal Económico no tiene competencia específica para investigar el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303 del Código Penal.
Borinsky y Barroetaveña señalaron que la competencia de ese fuero especializado está determinada por ley y que no puede extenderse a delitos que no fueron expresamente incluidos dentro de sus atribuciones. Entre las materias que sí corresponden al fuero Penal Económico aparecen delitos como evasión tributaria, contrabando, balance falso y cuestiones vinculadas al régimen penal cambiario.
En cambio, según el fallo, el lavado de activos es de competencia estrictamente federal. Los jueces remarcaron que el carácter económico o financiero de los hechos investigados no alcanza por sí solo para justificar la intervención de la Justicia Penal Económica.
La causa se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, propietarios de la sociedad Real Central, que figura como compradora de la casaquinta ubicada en Villa Rosa, Pilar.
La denuncia planteó que los ingresos de los titulares de la sociedad no permitirían justificar una inversión de semejante magnitud. A partir de allí, la investigación comenzó a analizar la posibilidad de que ambos actuaran como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Durante un allanamiento realizado en la propiedad se encontraron, además, objetos que serían pertenecientes al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, uno de los elementos incorporados a la investigación.
El expediente tuvo como primer juez al federal Daniel Rafecas, quien posteriormente remitió la causa al fuero Penal Económico. Sin embargo, allí se cuestionó esa decisión y se planteó que no existía una norma que atribuyera específicamente a ese fuero la investigación del delito de lavado de activos.
Tras una serie de planteos y decisiones judiciales, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico había resuelto en junio que la causa quedara en el Juzgado Penal Económico N°10. Esa decisión fue apelada por la defensa y finalmente llegó a la Cámara Federal de Casación Penal.
Ahora, el máximo tribunal penal federal del país resolvió que la investigación debe regresar al fuero federal de Campana, donde deberá continuar la pesquisa sobre el origen del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los posibles vínculos con dirigentes de la AFA.
La resolución marca así un nuevo capítulo en una causa que comenzó con la sospecha sobre una operación inmobiliaria millonaria y que ahora deberá avanzar en la Justicia Federal para determinar si existió lavado de activos y quiénes estuvieron detrás de la compra de la lujosa propiedad de Pilar.
