El caso por la muerte de Marcelo José Amarfil entra en una etapa decisiva. El Tribunal de Impugnación resolvió abrir la puerta para que la Corte de Justicia revise la sentencia dictada contra Luciana Bustos Sánchez, en un caso que generó fuerte impacto social y jurídico desde sus inicios.
La resolución fue firmada por los jueces Benedicto Correa, Juan Carlos Caballero Vidal y Eduardo Oscar Raed, quienes dieron lugar al Recurso de Casación presentado tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la querella que representa a la familia de la víctima. Ambos sectores cuestionaron el fallo de primera instancia emitido en diciembre de 2025.
El eje del planteo que ahora analizará la Corte no gira en torno a la autoría del hecho, sino a su encuadre legal. En concreto, se debatirá si existió una incorrecta aplicación de la figura penal correspondiente, particularmente en relación al homicidio agravado por el vínculo, contemplado en el Código Penal.
Durante toda la investigación, el fiscal Francisco Pizarro y la ayudante Gemma Cabrera sostuvieron que entre la imputada y Amarfil existía una relación que justificaba la aplicación de la pena máxima, es decir, prisión perpetua. Sin embargo, la sentencia dictada a fines de 2025 descartó ese agravante, lo que derivó en una condena menor.
La decisión del Tribunal de Impugnación fue interpretada por el entorno de la familia Amarfil como un paso clave. Consideran que ahora se abre la posibilidad de que el máximo tribunal provincial evalúe si la prueba fue valorada de manera restrictiva en la instancia anterior y si corresponde una recalificación del delito.
Con esta resolución, se inicia una nueva fase procesal: todas las partes deberán formalizar sus presentaciones ante la Corte, fijar domicilios legales y preparar los argumentos que sostendrán en esta instancia superior. Será allí donde se definirá si la sentencia vigente debe ser confirmada, modificada o anulada.
Mientras tanto, Bustos Sánchez permanece sujeta a las condiciones procesales actuales, a la espera de un fallo que podría marcar un precedente relevante en la jurisprudencia local y convertirse en uno de los casos judiciales más trascendentes del año en la provincia.