Un hombre de 49 años accedió a la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año tras ser acusado de efectuar un disparo con una escopeta en las inmediaciones de una escuela de Rawson.
El realizar tareas comunitarias y pagar una reparación simbólica a una asociación civil. Además, el arma fue secuestrada.
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Un hombre de 49 años accedió a la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año tras ser acusado de efectuar un disparo con una escopeta en las inmediaciones de una escuela de Rawson.
El imputado fue identificado como Pablo Salvador Artés, quien había sido detenido luego de un procedimiento realizado por efectivos de la Subcomisaría Ansilta.
El hecho ocurrió cerca del mediodía del sábado 14 de marzo, cuando policías que realizaban un procedimiento por un robo en las inmediaciones de la Escuela Marcelino Guardiola, ubicada sobre calle Meglioli entre Doctor Ortega y Calle 5, escucharon un disparo proveniente del sector sur del establecimiento.
Ante la situación, los uniformados se dirigieron hacia el lugar de donde provenía el sonido y, al llegar a un descampado ubicado detrás del establecimiento educativo, observaron desde el alambrado a un hombre que tenía una escopeta en sus manos.
Según indicaron fuentes del caso, al darle la voz de alto, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocos metros, en el fondo del mismo domicilio. En ese momento, frente a los efectivos, extrajo de la escopeta un cartucho con la vaina servida, lo que evidenciaba que el arma había sido disparada recientemente.
Los policías procedieron a su aprehensión y al secuestro del arma de fuego, mientras que el hombre exhibió un documento de adquisición del arma de antigua data y que no estaba a su nombre, además de no contar con habilitación vigente para la tenencia de armas. Por ese motivo, se inició el procedimiento especial de flagrancia, imputándole los delitos de tenencia ilegítima de arma de fuego en concurso real con abuso de arma.
Finalmente, en sede judicial se resolvió otorgarle la suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Como parte del acuerdo, el imputado deberá pagar una reparación simbólica de $150.000 en dos cuotas a la Asociación Civil Guerreros por la Vida, además de cumplir tareas comunitarias durante cuatro meses, con un total de 40 horas de trabajo para el Estado.