El exjefe de Gabinete solicitó una prórroga para presentar la documentación requerida por el fiscal Gerardo Pollicita, que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
Manuel Adorni.
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El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga a la Justicia para responder al requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El plazo original para presentar las explicaciones vence este miércoles.
La solicitud fue presentada por la defensa de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, ante el juez federal Ariel Lijo. Según fuentes judiciales citadas por Infobae, los abogados argumentaron que todavía necesitan acceder y analizar parte de la prueba utilizada por el fiscal para elaborar su requerimiento, entre ella archivos y conversaciones mencionadas en el expediente.
La presentación abre una nueva instancia en una causa que busca determinar si existe una explicación compatible con los ingresos declarados por el matrimonio y el patrimonio que acumuló durante el período investigado.
El requerimiento fiscal fue firmado el pasado 10 de agosto y consta de 207 páginas, en las que Pollicita detalló una veintena de puntos que, según la investigación, deben ser aclarados por Adorni y Angeletti. El período bajo análisis se extiende desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como vocero del gobierno de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó su cargo.
Ahora será el juez Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py, quien deberá resolver si concede la extensión solicitada. Antes de tomar una decisión, podría pedir la opinión de la fiscalía.
Uno de los principales puntos señalados por Pollicita está relacionado con la diferencia entre los ingresos y los gastos del matrimonio durante el período analizado.
Según el dictamen, Adorni y Angeletti registraron ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes. Sin embargo, los gastos en pesos alcanzaron los $272.820.832,20, incluyendo expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros, electrodomésticos y consumos con tarjetas de crédito.
La diferencia entre ambos montos arroja un saldo de $43.068.549 que, de acuerdo con la fiscalía, todavía requiere una explicación y documentación que permita determinar de dónde provinieron los fondos utilizados para cubrirlo.
A esto se suman gastos realizados en moneda extranjera por USD 402.578,12. El monto incluye operaciones vinculadas con la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento ubicado en la calle Miró 550, el mobiliario de ambas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Uno de los puntos que despertó especial interés de los investigadores está relacionado con los dólares en efectivo declarados bajo el concepto de “venta de activos”. La fiscalía pidió que se precise qué bienes fueron vendidos, quiénes fueron los compradores y cuál es la documentación que respalda esas operaciones.
Ese requerimiento adquiere particular relevancia luego de que el propio Adorni explicara públicamente que durante aproximadamente una década había tenido medio millón de dólares en criptomonedas, que —según su versión— nunca había declarado ni utilizado hasta su llegada a la función pública.
El fiscal también pidió que el matrimonio acredite la existencia de préstamos familiares que habrían sido otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, además de precisar el origen del dinero utilizado para comprar un vehículo Jeep.
Otro de los interrogantes está vinculado con el lote ubicado en el country Indio Cuá, que figura únicamente a nombre de Angeletti. La fiscalía busca determinar las razones de esa titularidad y, especialmente, el origen de los fondos destinados a la remodelación de la propiedad.
En ese punto, el requerimiento pone el foco en USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por los trabajos realizados en la vivienda.
Adorni tendrá ahora la posibilidad de presentar la documentación y las explicaciones que considere necesarias para responder cada uno de los cuestionamientos formulados por la fiscalía. Si las respuestas no permiten despejar las inconsistencias detectadas, Pollicita podría avanzar con un pedido para que el exfuncionario sea citado a declaración indagatoria.
