El agresor debe cumplir una condena bajo libertad condicional, pero quedó con prisión preventiva hasta que le pongan el sistema dual. La víctima, por su parte, recibió un botón antipánico.
Molina fue condenado por amenazas coactivas agravadas.
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La Justicia de San Juan dictó una resolución inédita en Flagrancia al ordenar, por primera vez, la colocación de una tobillera electrónica con dispositivo dual a un condenado por un caso de violencia de género. La medida fue adoptada en el marco de un juicio abreviado y busca reforzar la protección de la víctima mediante un sistema de monitoreo permanente.
El condenado, Gabriel Adrián Molina, recibió una pena de tres años de prisión condicional por el delito de amenazas coactivas agravadas, luego de admitir su responsabilidad en un violento episodio ocurrido el pasado 2 de agosto, en una casa en Rivadavia.
Además de la condena, el juez Eugenio Barbera dispuso la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros, la exclusión del hogar y la utilización de un dispositivo dual hasta que finalice la vigencia de la medida.
El sistema de dispositivo dual consiste en dos equipos electrónicos: uno es colocado al agresor, generalmente mediante una tobillera, mientras que la víctima porta otro dispositivo, un botón antipánico. Ambos permanecen geolocalizados y, si el agresor viola la distancia de restricción fijada por la Justicia, el sistema emite una alerta inmediata para que intervengan las autoridades.
La decisión adquiere un significado especial en medio del fuerte debate que atraviesa San Juan tras el femicidio de Gemma Álvarez. Ese crimen generó cuestionamientos sobre las herramientas de protección otorgadas por la Justicia, ya que el presunto femicida había sido denunciado previamente por amenazas y tenía una restricción de acercamiento, aunque no contaba con monitoreo electrónico.
En ese contexto, la resolución dictada en Flagrancia marca un cambio de criterio en la utilización de medidas tecnológicas para controlar el cumplimiento de las restricciones impuestas a agresores denunciados por violencia de género.
El caso fue investigado por el fiscal Fernando Bonomo, quien pidió que Molina siga con prisión preventiva hasta que le coloquen la tobillera electrónica y así lo determinó el juez. La condena se alcanzó mediante un juicio abreviado, un procedimiento que permite evitar el juicio oral cuando el acusado reconoce el hecho y acuerda la pena con la Fiscalía.
Más allá de la sanción penal, la incorporación del monitoreo electrónico aparece como el aspecto más trascendente del fallo, al constituir un antecedente dentro del sistema de Flagrancia y una respuesta judicial que busca fortalecer la protección efectiva de las víctimas frente al riesgo de nuevos hechos de violencia.
