El juez federal Rodríguez Ponte dictó la medida por riesgo de fuga, luego de que Ariel Vallejo violara las pautas fijadas para mantener la libertad.
El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, rechazó el pedido de excarcelación solicitado por Ariel Vallejo, el dueño de la firma Sur Finanzas y financista vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. De esta manera, el empresario continuará detenido al considerar que existe un “riesgo concreto de fuga”.
La decisión judicial se conoció luego de que Vallejo prestara declaración indagatoria y brindara explicaciones sobre el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas para conservar su libertad. El financista permanecerá alojado en una dependencia policial al menos hasta que el magistrado resuelva su situación procesal en la causa que lo investiga por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita.
A la hora de fundamentar la negativa de excarcelación, la resolución judicial valoró además la escala penal de los delitos imputados, la cual no permitiría una condena de ejecución condicional ante un eventual fallo condenatorio.
Durante su indagatoria del pasado viernes, Vallejo reconoció haberse mudado del domicilio que había informado a las autoridades a finales de agosto. Sin embargo, notificó la novedad al tribunal recién el 15 de octubre, luego de que efectivos policiales se presentaron en el country donde supuestamente residía y no lo encontraron.
“Durante al menos un mes y medio no dio aviso a este Juzgado del lugar donde se encontraba residiendo, siendo que el hecho de que el nuevo domicilio coincida con el de su documento o con el que se allanó en diciembre de 2025 o que quede cerca del Juzgado no hace variar la valoración de lo expuesto como una pauta negativa”, sostuvo Rodríguez Ponte en el fallo.
Asimismo, al ser consultado sobre por qué omitió presentarse periódicamente una vez al mes ante el juzgado, el titular de Sur Finanzas alegó haber interpretado de manera “equivocada” las condiciones fijadas por la Justicia. No obstante, el juez fue categórico al señalar que dichas justificaciones "no modifican el hecho de que la obligación debía cumplirse en la forma y oportunidad establecidas judicialmente".
