Una menor de edad fue mordida por un perro en Angaco mientras jugaba en un espacio público y, tras el avance de la investigación penal, el responsable del animal deberá pagar $700.000 para concretar una conciliación y ponerle fin a la acción penal.
El ataque ocurrió el 1 de enero en el barrio 14 de Mayo, cuando el animal escapó de una vivienda y mordió a la niña mientras jugaba. La Justicia homologó un acuerdo conciliatorio por lesiones graves.
IMAGEN ILUSTRATIVA.
Foto:
Una menor de edad fue mordida por un perro en Angaco mientras jugaba en un espacio público y, tras el avance de la investigación penal, el responsable del animal deberá pagar $700.000 para concretar una conciliación y ponerle fin a la acción penal.
El hecho ocurrió el 1 de enero de 2026, alrededor de las 20, en el boulevard del barrio 14 de Mayo, en Angaco. Según lo establecido en la investigación, la niña, identificada en el expediente como T.D.L.A., se encontraba jugando cuando una vecina abrió la puerta de su domicilio. En ese momento, el perro salió de la vivienda y mordió a la menor.
Como consecuencia del ataque, la niña sufrió lesiones que demandaron 30 días de curación, por lo que el caso fue encuadrado inicialmente como lesiones graves, en los términos del artículo 94 del Código Penal.
La investigación quedó bajo la intervención del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales. El expediente fue caratulado como actuaciones investigativas por lesiones derivadas de la mordedura de un can.
Este jueves 24 de septiembre, en la Sala 9 de Tribunales, se realizó la audiencia de conciliación ante el juez de Garantías Alberto Caballero. Allí, Fiscalía informó que las partes habían alcanzado un acuerdo y expuso sus condiciones.
El denunciado, Miguel Alejandro Castro González, se comprometió a pagar $700.000 en un único pago a favor de la madre de la víctima, en representación de la menor. El monto deberá ser abonado dentro de los 10 días posteriores a la homologación del acuerdo, mediante transferencia y con la presentación del comprobante ante la Oficina de Medidas Alternativas.
Durante la audiencia, tanto la denunciante como el acusado manifestaron comprender y aceptar los términos acordados. Las defensas, a cargo de las abogadas Eugenia Pereyra Suárez y Javier Ruiz Castro, también prestaron conformidad.
Finalmente, el juez homologó la conciliación celebrada el 1 de septiembre y estableció que, una vez cumplido el pago, el acuerdo producirá la extinción de la acción penal. El legajo quedó reservado hasta que el denunciado acredite el cumplimiento de lo pactado.
