El miércoles será un día clave para la causa de la ART. No sólo se cumple un año desde que los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí presentaron una denuncia para que se investiguen las contrataciones del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y los elevados precios para dar cobertura a los empleados estatales y la Policía durante la gestión giojista, sino que, según confirmaron fuentes judiciales, se espera que ese día el exasesor del exgobernador, Oscar Bernard, se presente en la Justicia para dar su versión de los hechos.

Será el segundo intento de la Justicia para escuchar al letrado, ya que en diciembre no se presentó. De no asistir, será buscado por la policía. Además, también está previsto que antes que finalice la semana haga lo mismo Moises Lara, exrepresentante del IAPSER en San Juan.

Lo que tenga que aportar Bernard con su declaración es vital para la investigación que tiene en manos el titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, y que impulsa el fiscal Daniel Galvani. Es más, según se desprende del expediente, los contratos que llevó adelante la gestión anterior desde 2005 a 2016, pasaron por sus manos, y él fue el contacto directo de la administración pasada con los representes locales de la aseguradora. En diciembre, Flavia Nayar Ojeda, exgerente local del IAPSER, dio su versión ante el juez y en esa declaración aseguró Bernard era el funcionario de la Secretaría General de la Gobernación con quien ella tenía contacto y discutía los pormenores de los contratos a ejecutar.

Para el caso de Lara, exdiputado, presidente de la junta departamental del PJ en Rivadavia, representate del IAPSER en San Juan y gestor de seguros, la situación es similar ya que él fue el nexo entre la empresa entrerriana y el Ejecutivo local, para que las contrataciones se lleven a cabo año tras año.

Al igual que Nayar Ojeda, los hombres de Gioja debían presentarse en la Justicia en diciembre, pero no lo hicieron. Un impedimento del Juez hizo que la exposición de Lara fuera postergada. Mientras que para Bernard, el letrado decidió no asistir a la justicia justificando que no estaba en San Juan. La excusa la presentó un colega suyo el mismo día de la citación. Según trascendió, esa acción fue una "mala señal" para la causa, porque la misma representa una desobediencia a una orden judicial, ya que un testigo tiene la obligación de asistir si es llamado por la Justicia, a menos que se lo impida su salud. Ambas testimoniales fueron reprogramadas para febrero, pero desde el juzgado volvieron a reprogramarlas para la semana entrante.

La causa de la ART viene demorada, ya que en un año la Justicia sólo ha podido recabar documentación y tomar una testimonial (ver Cronología).

La polémica por la contratación de seguros estalló en diciembre de 2016, cuando la gestión uñaquista decidió licitar por primera vez un servicio que siempre fue prestado por el IAPSER, gracias a una contratación directa y renovación automática. Tras la apertura de sobres, el Ejecutivo actual adjudicó el servicio a una nueva firma, generando un ahorro de 320 millones de pesos al año. Arancibia y Seguí pidieron investigar los elevados precios que pagó el giojismo y por qué hizo una contratación directa y no una licitación, como lo exige la ley.

Servicios del IAPSER

Además de la ART, para empleados estatales y la Policía, los abogados Arancibia y Seguí pidieron que se investiguen otros seguros brindados por el IAPSER, como la cobertura para movilidades de Salud Pública, los alumnos y las colonias de vacaciones.

2017

7 de marzo

Los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí radicaron la denuncia en la Justicia. Pidieron que se investiguen los presuntos sobreprecios en la cobertura y por qué se contrató de manera directa al IAPSER.

4 de abril

Las llamativas cifras por las contrataciones tuvieron repercusión nacional. El canal TN difundió un convenio firmado con el IAPSER en febrero de 2016, con la firma de Gioja cuando éste ya no era gobernador.

5 de abril

Gioja convocó a conferencia de prensa. Negó que la fecha del documento exhibido fuera la correcta. Bernard lo acompaño y justificó los valores de los contratos. Ese día, el fiscal Galvani pidió la apertura de la investigación.

31 de octubre

Salió a la luz que la Justicia le había reiterado varias veces al IAPSER documentación. La demora llevó a que el fiscal Galvani le pidiera al juez allanar las oficinas en Entre Ríos. La documentación llegó y el planteo no tuvo curso.

14 de diciembre

La exgerente del IAPSER en San Juan, Flavia Nayar Ojeda, se presentó en la Justicia y ante el magistrado y el fiscal aseguró que Bernard era el contacto dentro del Gobierno para llegar a un acuerdo en la contratación.