En el inicio de la causa penal, los hermanos Andrés y Gabriel Nassimof y Sergio Irimia Cadenas estuvieron bajo sospecha de ser parte de una estafa, debido a que eran dueños de una plaza del Barrio Foeva, un terreno que, por su esencia, no puede estar en manos privadas. Con el avance de la investigación, los tres fueron desvinculados, ya que habían señalado que compraron el inmueble de buena fe y no sabían que se trataba de un bien público, al punto de que lo donaron al municipio de Rivadavia para despejar todo tipo de dudas. Como se vieron perjudicados económicamente, se convirtieron en denunciantes contra el gremio Foeva, que fue el que entregó el predio cuando debía cederlo a la comuna. En ese nuevo rol, los tres "compradores" le pidieron a la Justicia que trabe un embargo por 40 millones de pesos contra los bienes del sindicato, informó su abogado Wbaldino Acosta Zapata. ¿El objetivo? Asegurarse que la entidad gremial cuente con bienes para responder una futura y eventual indemnización.

Sucede que los hermanos Nassimof e Irimia Cadenas, además, se convirtieron en actores civiles, dado que apuestan a que el sindicato los indemnice por el daño económico que sufrieron al pagar por un terreno que después tuvieron que donar. Frente a la solicitud del embargo, las fiscales Claudia Salica y Ana Lía Larrea pidieron, entre otras medidas, que los ahora querellantes expliquen cómo llegaron a tal cifra. Así, será la jueza Gema Guerrero, del Primero de Instrucción, la que defina sobre el planteo, dado que Acosta Zapata decidió encarar el reclamo civil junto a la investigación penal.

La embestida responde a una serie de operaciones que terminaron en una maniobra irregular. El inmueble que compraron los ahora denunciantes es de 3.261 metros cuadrados en el Barrio Foeva, el cual debía ser donado por el gremio al municipio de Rivadavia. En el predio se levantó una plaza, pero, como la transferencia no se hizo, desde el sindicato se lo entregaron a Ivana Paola Oliver Balaguer entre 2014 y 2015 como pago por los servicios que había prestado su marido por la construcción de unas oficinas, según habían dicho fuentes judiciales. A su vez, la mujer vendió el inmueble a los hermanos Nassimof e Irimia Cadenas en un millón de pesos, quienes tenían planeado realizar un emprendimiento inmobiliario.

Acosta Zapata resaltó que va contra Oliver Balaguer y, principalmente, los miembros que integraron la Comisión Directiva de Foeva, quienes avalaron la entrega del inmueble, entre los que se encuentra el sanjuanino Blasco Novaro. "El vicio lo produce el sindicato al dar en pago un terreno que no podía vender ni ser objeto de un comercio. Con su accionar, perjudicó al resto. Si bien también denunciamos a Oliver Balaguer, ella forma parte de las víctimas", resaltó Acosta Zapata.

La denuncia la había hecho el exministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, tras el reclamo de los vecinos que veían que privados cerraban dos plazas. La causa tuvo un impulso inicial, pero se fue durmiendo bajo el mando del entonces juez Benito Ortiz, a quien las fiscales le presentaron un pronto despacho para que fuera resolviendo la situación procesal de algunos de los denunciados. Ortiz se jubiló en abril y Guerrero luego se hizo cargo del Juzgado.

Por otro lado, Foeva le había entregado otra plaza a Oliver Balaguer como forma de pago, quien vendió el terreno a Juan Carlos Lirio en 700 mil pesos. Este también terminó donando el inmueble al municipio de Rivadavia.