Con los tapones de punta. Así salió ayer el intendente de Angaco, José Castro, a contrarrestar la embestida de su exconcejal, José Risueño, quien lo había acusado de presuntas irregularidades en la compra de combustible para las movilidades oficiales. El jefe comunal no sólo respondió los puntos sobre los que se sembraron sospechas sino que además reveló que lo había denunciado en la Justicia por graves anomalías en su desempeño administrativo. Inclusive remarcó que el edil le pidió favores, a los que se negó, como el uso de maquinarias municipales en su finca privada. Por eso, no dudó en calificarlo de "corrupto" y que las dudas que tiró sobre la gestión apuntan a tapar su propio comportamiento irregular.

Risueño integraba las filas del proyecto político de Castro, al punto de que ingresó en 2015 al Concejo Deliberante de la mano de su lista. Pero la sociedad entre ambos se rompió y el edil fue expulsado del bloque oficialista. El concejal le había contado el martes a este medio que iba a exponer en el cuerpo legislativo que desde enero a junio de 2017 se había registrado un aumento desmesurado en la cantidad de gasoil y por ende, de los fondos desembolsados, sin que haya habido un incremento en el número de las unidades que lo justificara. En ese marco, había dicho que se daba el contrasentido de que a medida que subieron esos valores, las máquinas y vehículos estaban en reparación. Además, planteaba la duda si en realidad ingresó al municipio tal cantidad de combustible, ya que destacaba que no hay remitos que lo comprueben.

El intendente retrucó que están las facturas conformadas, que acreditan el ingreso del gasoil y su pago, tal cual lo exige el Tribunal de Cuentas. También justificó el salto en el uso de combustible en dicho período. Dijo que en enero es menos por la poca actividad del mes, en el que el personal está de vacaciones, y que en los restantes se incrementa por el desarrollo de las tareas, a lo que se suma los convenios con Vialidad e Hidráulica, en los que facilita las movilidades municipales para trabajos en rutas, calles y mondas, por ejemplo. Por eso, Castro resaltó: "Que Risueño haga la denuncia en la Justicia y que explique también su falla como funcionario público, porque todo lo que señala lo había aprobado y ahora hace acusaciones falsas".

Pero el contraataque de Castro fue más allá. Destacó que Risueño fue denunciado en diciembre en la Fiscalía Correccional Nº4 por "acciones administrativas graves", aunque evitó dar detalles de las mismas para "no obstaculizar el accionar de la Justicia". En el equipo legal de la comuna también fueron prudentes, pero indicaron que a pesar de desempeñarse como concejal, se "inmiscuyó en funciones del Ejecutivo". Risueño es planta permanente y tiene el cargo de subtesorero, aunque se encuentra de licencia por su puesto en el cuerpo legislativo. Las fuentes indicaron que habría tomado decisiones, "sin autorización", justamente en la Tesorería. De acuerdo a la ley orgánica de Municipios, que rige a Angaco, el puesto de concejal es incompatible con "las funciones o empleos municipales" y que si fuere titular de un cargo comunal, queda automáticamente con licencia, sin goce de sueldo, por todo el tiempo que dure su función legislativa.

Y no solo, ya que el intendente aseguró que "también la acusación que hizo se debe a que no atendí privilegios políticos personales que me ha pedido". Aseguró que Risueño solicitó ante el Concejo un aumento de sueldo superior al porcentaje acordado con los gremios, que ante sus entonces pares oficialistas informó que quiso "viáticos con fondos municipales para irse de vacaciones con su familia a las termas de Río Hondo" y que pidió "máquinas como una motoniveladora y una retroexcavadora para que trabajen en su finca del distrito El Plumerillo". Castro resaltó que "así empezó a acumular descontentos. La política no está para financiar acciones corruptas de funcionarios".

Investigación interna

En el equipo legal del municipio dijeron que mientras investigaban internamente el accionar de Risueño, este, como presidente de la Comisión de Hacienda, sacó una resolución en la que estableció que el sumario no podía estar en manos del Ejecutivo. No obstante, igual avanzaron.

Otras denuncias   

La denuncia que realizó el intendente José Castro contra el concejal José Risueño no es la primera en lo que va de sus dos gestiones. Ante irregularidades detectadas del personal, el jefe ha acudido a la Justicia. Así fue en junio de 2016 en el caso de Dante Aragón, un empleado de planta permanente que tenía la función de vender las órdenes de consulta y farmacia de la Obra Social Provincia (OSP). El trabajador debía depositar los fondos en la cuenta del organismo de salud, pero tras un arqueo, salió a la luz que en el transcurso de 14 meses se quedó con 57 mil pesos. En diciembre de 2016, Castro también echó y denunció a la empleada de Tesorería, Aurora Gómez, quien sustrajo del área 300 mil pesos. La mujer fue detectada por cámaras de seguridad y calculan que se llevaba el dinero desde hacía cuatro meses.